Organizaciones de defensa de los derechos digitales, internautas, consumidores y juristas han pedido este miércoles al Defensor del Pueblo que promueva la nulidad por el Tribunal Constitucional del Decreto-ley que permite intervenir servicios digitales si amenazan al orden público.

Tras presentar un escrito en la oficina del Defensor del Pueblo, los firmante explicaron que el Real Decreto-ley 14/201, podría vulnerar varios artículos de la Constitución, entre ellos los del 18, el 20 y el 86.

"Nadie discute que por motivos de seguridad nacional se puedan tomas medidas", pero tienen que "ser claras", saber "qué se puede hacer, quién lo puede hacer, en qué condiciones y bajo qué circunstancias" y el Decreto-ley "no es nada claro", señaló el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia Lorenzo Cotino.

"Tenemos una ley que ni los juristas, ni los técnicos acaban de saber a qué da derecho al Gobierno y ese es uno de los más graves problemas", ha señalado.

El calificado por los críticos de "decretazo digital", permite al Gobierno, con carácter excepcional y transitorio, acordar la asunción por la Administración General del Estado de la gestión directa o intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en supuestos excepcionales: que puedan afectar al orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional.

El escrito ha sido presentado, entre otros, por la Plataforma de Defensa de la Libertad de Información (PDLI); la Asociación de Internautas (AI); la Asociación de Usuarios de Internet (AUI); Facua Consumidores en Acción, con la colaboración de diferentes juristas, como los catedráticos de derecho Constitucional, Lorenzo Cotino y Miguel Presno.

El director legal de PDLI, Carlos Sánchez Almeida, cree que esta norma podría dar, llegado el caso, la facultad al Gobierno de "provocar un apagón digital", cuando en determinadas circunstancias de orden público el Ejecutivo estime que hay riesgos que justifican esta medida, ha explicado.

Una medida que, tal como está en el Decreto-ley, "no requiere de intervención judicial" lo que para los firmantes de la petición es inconstitucional, pues el artículo 20 de la Carta Magna establece que para secuestrar cualquier tipo de publicación "es necesaria una autorización judicial".

"Desjudicializar la red no es bueno", ha considerado Sánchez, para quien, desde que llegó internet al gran público en España, hacia 1995, "todo han sido iniciativas para intentar cercenar" sus libertades y "se ha acudido a lo mismo", intentar desjudicializarlo.

Además ha esperado que el Defensor del Pueblo, Francisco Marugán, y posteriormente el Tribunal Constitucional, atiendan a su petición y argumentos "para parar los pies a los políticos que regular aquello que no entienden".