El Tribunal Supremo ha solicitado al Congreso el suplicatorio para continuar la causa contra la diputada de JxCAT Laura Borrás, en la que se investiga la adjudicación presuntamente irregular a un amigo de 18 contratos por valor de 259.863 euros, cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

El alto tribunal da este paso después de que Borràs rechazase declarar de forma voluntaria como investigada por los supuestos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación y falsedad documental.

De esta forma, el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, ha remitido un oficio al del Supremo, Carlos Lesmes, para que traslade el suplicatorio a la Cámara Baja.

Con él se adjunta la exposición razonada del magistrado instructor, Eduardo de Porres, en la que recoge "sólidos indicios" de que Borràs adjudicó "directa o indirectamente de manera arbitraria" contratos a Isaías Herrero, un amigo suyo también investigado, entre 2013 y 2017, cuando dirigía la ILC.

En todos los expedientes, añade, "propuso la contratación, acordó la adjudicación, resolvió aprobar el gasto, certificó la ejecución total o parcial del servicio", conformó la factura y autorizó el pago.

Se adjudicaron "un total de 18 contratos menores" por 259.863 euros, indica la exposición, que apunta a que ambos "actuaron de común acuerdo para defraudar" a la ILC mediante el "fraccionamiento ilegal" de contratos, la "falsificación de los presupuestos" y la simulación de la participación de terceros.

Borràs, a juicio del Supremo, podría incurrir en varios delitos, como prevaricación ya que "puede deducirse" de forma provisional que "actuó abusando" de sus funciones. Hubo, según De Porres, una "omisión injustificada" de trámites "esenciales" que carece de "toda explicación jurídica y evidencia la exclusiva voluntad de favorecer los intereses" de Herrero.

Aunque el perjuicio económico todavía no se ha "cuantificado", De Porres cree que Borràs actuó de forma "desleal" sobre el patrimonio administrado y que existen "motivos suficientes que impiden considerar como inocua" su conducta "falsaria".

En uno de los informes policiales citados se reseña que es imposible saber la cantidad presuntamente malversada ante la arbitrariedad de los contratos y se destaca la declaración de la responsable de administración de ILC, que indicó el "relevante papel asumido" por Borràs en el modus operandi y en la selección de los licitadores.

El magistrado analiza los correos intervenidos en la causa y sostiene que en varios Borràs indica a Herrero "de forma muy explícita cómo debe "proceder".

En tres contratos, explica el magistrado, uno de los licitantes es Hermeneia, un colectivo creado presuntamente por Borràs, "lo que ponía en evidencia un conflicto de intereses incuestionables" ya que ella era "la responsable de la contratación".

La causa, que viene de un juzgado de Barcelona, se inició a raíz de una investigación a Herrero por presunto tráfico de drogas y falsificación de moneda -en la que resultó condenado a 5 años de cárcel- y en la que se intervinieron las primeras comunicaciones.

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"Hombre claro, pero yo con la Borràs, con la jefa, yo facturo con la cooperativa, yo facturo unos trapis por allí"; "(...) lo jodido es si la Borràs deja de ser directora. Imagínatela de ministra de Cultura y a mí dándome trabajo de esto, pues de puta madre...", decía entonces Herrero.

Una vez pedido el suplicatorio, éste pasará por la Mesa del Congreso y será analizado por la Comisión del Estatuto de los Diputados, que, tras dar audiencia a Borràs, tiene 30 días para remitir su informe al primer pleno ordinario, encargado en última instancia de conceder o denegar la autorización.

Borràs siempre ha negado una actuación irregular y llegó a denunciar que la causa tenía una "motivación política".