El grupo del PP en el Congreso ha registrado una proposición no de ley en la Cámara con la que pide al Gobierno que garantice el derecho a la enseñanza del castellano en el marco de la reforma educativa y adopte las medidas necesarias para "eliminar toda imposición de una lengua".

En estos términos se expresa el Partido Popular, cuya iniciativa sucede a la que ayer anunció Ciudadanos en una línea similar, si bien la formación que preside Albert Rivera abogaba por la reprobación de la ministra de Educación, Isabel Celáa, por considerar que no está cumpliendo con la función constitucional de velar por la neutralidad ideológica en escuelas de Cataluña y de Baleares.

Si Ciudadanos se centra en lo que cree un proceso de adoctrinamiento, el PP lo hace en el uso del castellano en las comunidades con lengua cooficial, y así, incluye cinco peticiones en su proposición no de ley.

El primero establece la promoción de una legislación básica que "garantice el ejercicio del derecho constitucional de uso del castellano en toda España"; el segundo pretende la garantía de "la libertad real" y de la igualdad de condiciones en la utilización del castellano en las comunidades autónomas con lengua cooficial; y el tercero persigue asegurar que los ciudadanos usen cualquiera de las lenguas cooficiales ante cualquier administración con "plena eficacia jurídica".

El cuarto señala: "Garantizar, en la reforma educativa, el derecho a la enseñanza del castellano y en castellano en toda España, en el marco de un bilingüismo o plurilingüismo integrador".

Y el quinto pide al Gobierno que adopte "cuantas medidas sean necesarias para eliminar toda imposición de una lengua como fuente de discriminación en el ejercicio de los derechos de los ciudadanos con independencia del lugar en el que residan".

El PP explica en la misma iniciativa que su prioridad con esta proposición no de ley consiste en que el Estado ejerza las competencias que en este campo la Constitución le atribuye "en lugar de delegar en las comunidades autónomas el uso vehicular de las lenguas en el ámbito educativo".

Para los populares, es justo esto lo que creen que hace la reforma educativa que está impulsando el Gobierno de Pedro Sánchez, "de tal suerte que permite asignar un uso marginal a la lengua castellana por aquellas administraciones que así lo dispongan".

En un contexto de controversia por el uso que comunidades como Cataluña o Baleares están confiriendo al catalán y al castellano, el PP esgrime que esta última lengua es "común a todos" y, además, lo habla casi el 8 por ciento de la población mundial.

"Un Estado de Derecho no puede permanece impasible ante la vulneración de los derechos lingüísticos de los ciudadanos en cualquier de los ámbitos que se produzca", añade el PP.

Acto seguido, tilda de "inadmisible" que "los ciudadanos vean defraudados sus derechos" y se vean "obligados a acudir a los tribunales de justicia frente a administraciones que hacen un uso partidario de las lenguas para abanderar postulados ideológicos de segregación, exclusión y enfrentamiento".