El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha considerado este sábado "muy grave" que los ministros y la delegada del Gobierno en Cataluña vayan contra el trabajo de los jueces y ha recalcado que urge cambiar al Gobierno, porque "está claro" que es "rehén" de los independentistas.

Casado, que ha presidido la reunión de la junta directiva del PP valenciano, ha vuelto a pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se libere del lastre de nacionalistas y populistas y convoque ya elecciones.

Ha considerado "muy grave" que la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, sea partidaria de indultar a los líderes independentistas y ha expresado su preocupación por el "chantaje" de los nacionalistas y por las declaraciones de los miembros del Gobierno en contra de la unidad del país.

"No puede ser que el ministros de Asuntos Exteriores, la ministra de Política Territorial y la delegada del Gobierno estén yendo contra lo que hacen los juces, la seguridad jurídica y, lo que es más grave, la propia unidad de España", ha advertido.

Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, ha pedido explicaciones 

En un mensaje en Twitter, Montserrat ha acusado a Cunillera por mostrarse partidaria de indultar a "presos golpistas" y afirmar que Cataluña es una nación.

"Los españoles no podemos seguir pagando el pacto oculto de Sánchez con los independentistas", concluye el tuit de Montserrat.

Exigimos explicaciones inmediatas a la Delegada del Gobierno en Cataluña, que hoy se ha mostrado partidaria de indultar a los presos golpistas y ha afirmado que Cataluña es una nación.
Los españoles no podemos seguir pagando el pacto oculto de Sánchez con los independentistas.

— Dolors Montserrat (@DolorsMM) 22 de septiembre de 2018

Cunillera, que realizó esas declaraciones en el programa "El Suplement" de Catalunya Ràdio, ha declinado pronunciarse sobre si los líderes independentistas deberían estar en prisión preventiva, invocando su absoluto respeto por la independencia judicial, y ha insistido en que el Gobierno no puede interferir en el trabajo de la Fiscalía.