Izquierda Unida ha presentado en el Congreso una batería de preguntas para que el Ministerio de Justicia haga públicos los detalles del contrato suscrito con un bufete de abogados belgas tras la demanda presentada en Bruselas contra el juez instructor del caso del "procés", Pablo Llarena.

La ministra, Dolores Delgado, comparece precisamente mañana en la Comisión de Justicia del Congreso para explicar las gestiones de su departamento ante las acciones judiciales del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y de cuatro exconselleres fugados.

Según explica IU en un comunicado, la diputada Eva García ha registrado varias iniciativas parlamentarias para conocer con qué informes se contó para proceder a la contratación del abogado Hakim Boularbah y de qué partida presupuestaria salen los fondos.

La diputada pregunta al Gobierno si puede hacer público el contrato y, de ser así, cuándo piensa hacerlo.

Según informó Justicia, el valor de la adjudicación supera el medio millón de euros e IU quiere saber cuánto dinero se ha abonado ya y en qué país se ha hecho el pago.

Llarena recibió en agosto el amparo de la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que pidió al Gobierno que tomara las medidas necesarias para asegurar la integridad de la jurisdicción española.

IU recuerda que el acuerdo tuvo el voto en contra de la magistrada María Concepción Sáez, básicamente porque Llarena pidió amparo superado el plazo fijado de diez días desde que ocurrieron los hechos -la demanda-, y pregunta al Gobierno si tuvo en cuenta al contratar al abogado la posibilidad de que la petición del CGPJ "hubiera sido ilegal o contrario a derecho".

Mañana Delgado tendrá ocasión de aclarar la actuación del Ministerio y se enfrentará además al PP, que ha pedido ya su dimisión por el "bandazo" dado por Justicia en la defensa de Llarena.

La ministra garantizó que el Gobierno defenderá la actuación jurisdiccional de Llarena "hasta las últimas consecuencias" días después de precisar que sólo se personaría en el caso si el juez belga cuestionaba la instrucción del "procés", pero "en ningún caso" por manifestaciones de carácter privado del magistrado del Supremo, lo que motivó las críticas de asociaciones de jueces y fiscales.