La persistencia del juez Llanera, clave para pedir a Europa la extradición de Carles Puigdemont

La actualidad relacionada con la crónica judicial, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, pasa estos días por el futuro del expresidente catalán, Carles Puigdemont, que espera el avance de los acontecimientos para saber qué ocurre en relación con la euroorden activada por el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llanera, en el año 2019.

En este sentido, la reciente detención del expresidente catalán en Italia ha abierto un nuevo debate sobre el futuro judicial de Carles Puigdemont. Pero, respecto a lo que no hay debate, es a la postura del juez Llanera: la euroorden está activa.

El magistrado sigue defendiendo ante las instancias pertinentes que la euroorden está activa y por tanto Carles Puigdemont tiene que ser extraditado a España para ser juzgado. La persistencia de Llanera ha provocado cierto debate en las instituciones extranjeras y comunitarias, dudas que son empleadas por la defensa del prófugo Puigdemont para evitar su posible extradición.

Por tanto, el juez Llanera se ha convertido en la sombra legal de Puigdemont, que sigue buscando cualquier tipo de 'escondite' legal para evitar ser juzgado en España.

Llanera y la causa del procés

Todo comenzó el 31 de octubre del año 2017, cuando el Tribunal Supremo admitió a trámite la querella de la Fiscalía General de Estado contra la expresidenta del Parlament y otros cinco ex miembros del Gobierno catalán.

A partir de este momento, la vida del juez Llanera comenzó a cambiar por completo y su nombre, junto al de Manuel Marchena, comenzó a estar ligado a la causa del procés.

En ese momento llevaba menos de dos años desde que tomase posesión en el Alto Tribunal como miembro de la Sala Penal. En sus manos estaba un de los procesos judiciales más importantes y mediáticos de la reciente historia democrática de nuestro país, marcada por otros procesos como que juzgó a los responsables del 23-F. Por ello, el nombre del juez Llarena fue señalado por todos los focos mediáticos, y también se convirtió en objetivo del independentismo catalán más radical.

Solo tardó nueve meses en cerrar uno de los procesos más complejos de nuestra historia judicial, remitiendo la causa a la Sala de enjuiciamiento. A partir de ese momento, Llarena buscó una tranquilidad y un distanciamiento del foco mediático al que en algunas ocasiones ha regresado unido al nombre de Carles Puigdemont.

El debate sobre la euroorden contra Puigdemont

Ahora, a la tercera puede ir la vencida en la batalla que mantiene el Tribunal Supremo con Carles Puigdemont para que el expresidente catalán responda ante la justicia española por el golpe secesionista del 1 de octubre del año 2017.

En octubre del año 2019, el juez Llanera dictó la orden de búsqueda y captura que ahora mismo es el documento más analizado ahora mismo desde el punto de vista jurídico a nivel europeo.

Esta euroorden recae sobre Carles Puigdemont tras ser imputado por delitos de sedición y malversación de caudales públicos, los mismos por los que fueron juzgados, condenados y después indultados por el Gobierno de Pedro Sánchez los otros responsables del procés.

En este sentido, la única orden que fue retirada por la Justicia española contra Carles Puigdemont fue la dictada por la magistrada de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela. Esta suspensión se produjo por parte del mismo Tribunal Supremo en diciembre del año 2017, al asumir la competencia del caso para las personas aforadas.

En estos momentos, todo gira en torno a saber qué interpretación hace Europa respecto a la situación que atraviesa Carles Puigdemont. Pero, la realidad es que solo es el juez Llarena, juez instructor del caso, el que tiene en sus manos la capacidad de imponer medidas cautelares al expresidente de la Generalitat.

Por tanto, Llarena es el único que puede decidir sobre el mantenimiento o retirada de las órdenes de detención, ingreso en prisión y entrega de los prófugos del procés.

Por tanto, a tenor de la legislación vigente, no es cierto el argumento al que se aferra la defensa de Puigdemont de que estas órdenes están suspendidas, y por tanto que su cliente puede viajar libremente por todos los estados de la Unión Europea.

En este sentido, la defensa de Carles Puigdemont ha presentado un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) pidiendo que le devuelva la inmunidad como eurodiputado, después de su detención y posterior liberación en Italia la semana pasada, ha informado este viernes el tribunal en un comunicado.

El TGUE retiró la inmunidad el 30 de julio a los tres eurodiputados de JxCAT, Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, porque entendió que las euroórdenes contra ellos estaban suspendidas, de acuerdo con lo que dijo la Abogacía del Estado, pero abrió la puerta a que presentasen un nuevo recurso si les arrestaban, como ocurrió cuando el expresidente catalán aterrizó el jueves 23 de septiembre en el aeropuerto de Alguer, en la isla italiana de Cerdeña.

Llarena pidió entonces, y reiteró el pasado jueves, la entrega de Puigdemont, alegando que la euroorden está activa, a diferencia de lo que defendió la Abogacía del Estado ante el TGUE.