Varios peritos informáticos han rechazado en la Audiencia Nacional que los archivos del extesorero del PP Luis Bárcenas que contenían la supuesta caja B estuviesen "alterados", aunque han admitido que les sorprendió que algunos tuviesen anotaciones que aludían a fechas posteriores a la última modificación.

Dos agentes de la Unidad Central de Criminalística de la Policía y el antiguo responsable de la Unidad Central de Auditoría Informática han comparecido este miércoles en calidad de peritos en el juicio sobre el presunto pago en negro de parte de la reforma de la sede del PP, en la madrileña calle Génova.

Lo han hecho para ratificar los informes que aportaron a la causa hace ocho años, en los que constataban la inexistencia de indicios de que los 13 archivos que analizaron del lápiz de memoria que Bárcenas entregó al juez, y que registraban sus famosas anotaciones de entradas y salidas de dinero de la supuesta caja b del partido, estuviesen alterados.

"La conclusión es que los ficheros parecen creados, modificados y accedidos en los momentos en los que efectivamente figura en los registros", ha indicado uno de los peritos, que ha admitido, no obstante, que hallaron tres que hacían referencia a meses posteriores a la fecha de su última modificación.

Por ejemplo, encontraron un archivo modificado en abril de 1993, que, sin embargo, contenía apuntes que abarcaban desde febrero a diciembre.

A preguntas del abogado y exfiscal Jesús Santos, que representa al PP como responsable civil subsidiario, el experto informático ha rechazado que eso "en absoluto" signifique que los archivos estén manipulados, aunque ha dicho desconocer si los apuntes respondían a "alguna previsión a futuro". "Desconozco cuál es la interpretación que puede darse a estos apuntes", ha aseverado.

Ha admitido que existe la "posibilidad teórica" de que las fechas de modificación de los archivos reflejadas en los metadatos puedan alterarse, pero "no es sencillo" y "denotaría alguien con un conocimiento muy profundo y detallado".

Tras ellos ha llegado el turno de las periciales en materia tributaria, tanto por parte de funcionarios de Hacienda como por peritos propuestos por las defensas, quienes han ido contrastando sus respectivas y contradictorias conclusiones en relación a las presuntas irregularidades detectadas por las acusaciones en las tributaciones de Unifica, empresa que reformó la sede del PP, y de sus socios, Gonzalo Urquijo y Belén García, acusados en este juicio.

Ambos se acogieron a la amnistía fiscal de 2012, lo que, según un perito propuesto por Unifica, les permitió "aflorar" cantidades acumuladas de más de dos millones de euros entre ambos. A nivel pericial, eso les hizo deducir que no se trataba de "ingresos por renta de las sociedades", sino que los habían percibido ellos, y lo ha relacionado con que en los "papeles de Bárcenas" las cantidades anotadas y que se vinculan con el pago en negro de la reforma figuran a nombre de Urquijo y no de la empresa.