Ordenan detener a huido de Defex que cobró 20 millones en mordidas de Mercasa

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha decretado la busca y captura del portugués Guillherme de Oliveira en el caso Mercasa, en el que investiga el pago de comisiones para sobornar a autoridades y funcionarios públicos para la "obtención, modificación y mantenimiento de contratos" en Angola.

En un auto, fechado el pasado día 2 y al que ha tenido acceso Efe, De la Mata sostiene que De Oliveira Taveira, que se encuentra también en busca y captura en el caso Defex, cobró 20.175.831 euros en comisiones de Mercasa y un consorcio de empresas españolas (CMIC) para repartir con autoridades a las que había que sobornar para "realizar un mercado Mayorista en Luanda (Angola)".

Por ello, y con el visto bueno de la Fiscalía, ha dictado contra De Oliveira, que ostenta la doble nacionalidad portuguesa y angoleña, una Eurorden y una orden internacional de detención a efectos de extradición.

Las sociedades españolas investigadas en esta causa, entre las que destaca la empresa pública Mercados Centrales de Abastecimiento SA (Mercasa), "por acuerdo de sus administradores se concertaron para la consecución, mantenimiento, y modificación de contratos públicos en Angola mediante el pago de comisiones", explica el juez.

Comisiones que eran abonadas "en cuentas bancarias" a nombre de "sociedades instrumentales o pantalla controladas por los agentes o comisionistas" empleados por las empresas españolas y que se sacaban de "los montos de los contratos, simulando la existencia de contratos de representación y/o servicios inexistentes con comisionistas".

Según el juez, "estos sobreprecios" también se destinaron al lucro de algunos de los miembros de las empresas españolas implicadas.

"En Angola, la investigación alcanza directamente" los contratos con la entidad Presild Nova Rede (Programa de Reestructuración del Sistema Logístico de Distribución), perteneciente al Ministerio de Comercio de Angola, para realizar un Mercado Mayorista en Luanda (Angola)".

Para ello se contó "con la participación de De Oliveira y sus sociedades pantallas Sonadi, Soter y Metab y con otras personas, que se han embolsado en total más de 20 millones de euros con la cobertura de esos contratos de agencia y servicios inexistentes".

Según el auto, el primero de esos contratos fue firmado en 2006 por un importe de 218.980.000 de dólares; en 2013 las competencias del Presild fueron transferidas al Ministerio de Comercio y se inicia una nueva relación comercial con la construcción del "CLOD Luanda y sus equipamientos", denominada "Nueva Fase del CLOD", para lo que se emite un nuevo contrato 145.564.638 dólares.

Los últimos contratos se firmaron en 2016, se trata de ocho contratos vinculados a esa Nueva Fase por un importe de 66.419.385 dólares.

Para la consecución de estos contratos, Mercasa contó con la participación de De Oliveira, que actuó como agente comercial, u los contratos se firmaron con sus sociedades pantalla para, según el juez, "ocultar el verdadero alcance de la comisión" que se le abonó.

Todos esos contratos, añade el auto, "recogen asesoramientos y servicios muy parecidos, sin que se conozca el alcance real de los servicios efectivamente prestados", por lo que al magistrado le parecen "una mera división entre varios cobradores con el fin de evitar la detección del verdadero alcance de la comisión".

A la luz de lo investigado, De la Mata considera que De Oliveira, una vez recibidas esas comisiones, se quedaba una parte y el resto lo distribuía entre sus beneficiarios, autoridades y funcionarios públicos de Angola.

Según varias investigaciones, Mercasa habría sido utilizada como instrumento para el pago de comisiones y sobornos en los casos Pujol, Defex y Lezo, procedimiento este último que provocó la dimisión de su entonces presidente Eduardo Amejide a raíz de la detención en abril de 2017 de uno de sus directivos, Pablo González, hermano del expresidente madrileño Ignacio González.