Se multiplican los informes, declaraciones y peticiones pidiendo la paralización del proyecto de ley de Eutanasia que impulsa el Gobierno. Al comité de Bioética de España y al escrito de 160 juristas se unen voces de otras plataformas y de personalidades como las de los ex ministros Alberto Ruiz Gallardón, José Luis Corcuera o el ex alcalde y ex embajador Francisco Vazquez. Todos insisten en que lo progresista no es proponer la muerte a los más vulnerables sino protegerlos y cuidarlos con un sistema de paliativos que funcione.

En una entrevista con COPE el ex ministro del Interior José Luis Corcuera asegura que si él fuera parlamentario en este momento votaría en contra del proyecto de ley de eutanasia que defiende el Ejecutivo de Pedro Sánchez con “total naturalidad” porque “yo creo que a los ciudadanos hay que cuidarlos y no acabar con ellos médicamente”.

Confía Corcuera en que la propuesta de hacer de la eutanasia un derecho, que actualmente se tramita en el Congreso de los Diputados, no obtenga la mayoría parlamentaria necesaria para su luz verde “pero si la tuviera no sería en mi opinión una mayoría progresista. Yo creo que los Cuidados Paliativos es la solución progresista y no la eutanasia”.

“Lo que deben hacer los médicos es cuidar y no poner fin a la vida de una persona y por eso pienso que los reaccionarios son los que plantean este derecho porque estas cosas sabemos cómo empiezan y no como terminan” subraya el ex ministro a la luz de lo sucedido en países que han legislado sobre esta cuestión y que han ido ampliando los supuestos hasta casi universalizar el derecho a morir como prestación del Sistema Público de Salud.

Y todo sin contar con que la propuesta se tramita en plena pandemia de COVID 19 tras la muerte de decenas de miles de personas mayores. “No creo que sea el momento de plantear este debate” subraya Corcuera.

En la misma línea el ex alcalde y ex embajador Paco Vázquez quien en declaraciones a COPE define la eutanasia como “conceder al Estado, como sucedes con el derecho al aborto, el derecho a matar a eliminar a una persona”.

"Suprime el amparo y protección que merece siempre el más débil e instrumentaliza desde el Estado y desde la ley el ejercicio de la violencia, eso no puede ser” subraya Vázquez.

Y es que, a su juicio, la eutanasia está en las antípodas de lo progresista. “Lo progresista es todo lo contrario, es el compromiso con la vida ¿qué diferencia hay? Yo me opongo a la pena de muerte, yo me opongo a la muerte en cualquiera de sus manifestaciones, léase el aborto o la eutanasia y lo hago desde una posición que considero plenamente progresista porque a quien amparas y proteges es al más débil rechazando la acción de la violencia” concluye.

Sus firmas en contra de la eutanasia están recogidas con las de otros 100 representantes de la vida pública española incluidos médicos y paliativas agrupados en la plataforma de los 7.000. Se han unido para pedir en un manifiesto la puesta en marcha urgente de un plan de paliativos que llegue a toda la población y la paralización de la tramitación del proyecto de ley de eutanasia porque de lo que se trata subrayan es de “eliminar el sufrimiento y no al que sufre”.

En ese sentido el Comité de Bioética de España, órgano asesor del Gobierno, fue unánime la semana pasada al determinar en un informe, elaborado por iniciativa propia, que proponer la muerte como un derecho incorporable a las prestaciones del Sistema Público de Salud no es algo válido ni desde el punto de vista ético ni tampoco legal.

Desde una perspectiva ética, exigen que los cuidados paliativos y el apoyo sociosanitario sean accesibles y universales como el camino a emprender de forma inmediata en lugar del derecho a acabar con la vida propia como un derecho que supone, aseguran, “iniciar un camino de desvalor de la protección de la vida cuyas fronteras son harto difíciles de prever” y que puede “afectar al futuro de los más vulnerables”.

El mismo día de la publicación del informe del Comité de Bioética de España, más de 160 profesores, entre ellos 82 catedráticos, y académicos hicieron pública una declaración pública para pedir la retirada de la propuesta de regulación de la Eutanasia que se tramita en el Congreso por entender que constituye una grave amenaza a la seguridad de los más mayores y enfermos de nuestra sociedad y contraria a la dignidad de la persona y a los derechos fundamentales.

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En su condición de juristas citan la vulneración de los artículos 10, 14, 15, 43.1, 49 y 50 de la Constitución que protegen la vida, la dignidad de cada persona y sus derechos irrenunciables a la igualdad y no discriminación, a la conservación de la propia vida y a la protección de la salud.

Y piden el desarrollo de Cuidados Paliativos accesibles para todos los que sufren porque si algo ha quedado en evidencia en los últimos meses con la irrupción del COVID es que, insisten, tenemos el deber de volcarnos especialmente y con mayor empeño en el cuidado y la atención de los mayores y enfermos graves.