Más de mil personas, entre las que se encuentran cien juristas, académicos y activistas sociales como Adela Cortina, Manuela Carmena y Consuelo Ordóñez, han firmado un manifiesto con diez medidas de mejora institucional "gobierne quien gobierne" tras las elecciones, promovido por la fundación Hay Derecho.

El decálogo, presentado este viernes en el Colegio de la Abogacía de Madrid y al que se pueden seguir adhiriendo firmas en la web de la fundación, recoge algunas demandas centradas en la administración de Justicia, como la inmediata renovación y reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la despolitización y la autonomía de la Fiscalía General del Estado (FGE), y la neutralidad y profesionalidad de las instituciones de contrapeso.

Pero también otras más generales: la reforma de las administraciones públicas, la necesidad de evaluación de políticas públicas, y la transparencia y la rendición de cuentas, entre otros asuntos que los firmantes consideran "urgentes e importantes para la salud" del "Estado democrático de Derecho".

El presidente de Hay Derecho, Segismundo Álvarez, y la secretaria general de la fundación, Elisa de la Nuez, han denunciado en el acto el "declive" y la "degradación" de las instituciones españolas, que viene de hace más de dos décadas, según estos expertos.

No obstante, Álvarez ha ilustrado esta tendencia de las instituciones con algunos ejemplos del último año como las "crisis" con el CGPJ, el Tribunal Constitucional y la FGE, y el "problema con determinadas leyes que han provocado el efecto contrario" al deseado.

Aunque "España sigue siendo uno de los pocos países que tiene una democracia plena de todo el mundo", ha dicho, "hay banderas rojas que alertan de que estamos en un momento peligroso".

De la Nuez, que ha resumido el decálogo propuesto por Hay Derecho a todos los partidos políticos, ha subrayado, entre otras cuestiones, la necesidad de una "renovación inmediata" del CGPJ y, acto seguido, la "reforma inmediata del sistema" para que no vuelva a ocurrir lo mismo por la "politización del poder judicial".

Entre las diez medidas también se encuentra la elección del Fiscal General del Estado "entre juristas de reconocida competencia que no tengan vinculación con partidos políticos" y cuyo mandato "se desvincule del mandato del Gobierno".

Otros puntos piden la modificación de la ley de partidos; la mejora de las prácticas del procedimiento legislativo; la neutralidad y profesionalidad de las instituciones de contrapeso; la lucha contra la corrupción; la transparencia y la rendición de cuentas; una nueva ley de función pública; la revisión de las políticas públicas, y la despolitización de los medios de comunicación públicos y el fortalecimiento del espacio cívico.

En una mesa redonda tras la presentación del manifiesto, el politólogo Ignacio Torreblanca ha alertado del "descreimiento" de las elecciones en países como Estados Unidos o Brasil, debido a la "polarización" y la "desinformación", pero también del "deterioro en el ámbito europeo" por los "enormes problemas de separación de poderes" en países como Hungría.

Por su parte, el sociólogo Luis Miller ha llamado a alcanzar pactos entre diferentes "en tiempos de paz" y no solo cuando se necesiten como "consecuencia de una crisis grande", acuerdos que son "más fáciles si se aceptan esas diferencias".

Entre el resto de firmas que figuran en el manifiesto están las de Víctor Lapuente, Toni Roldán, Félix de Azúa, Pablo Simón, Araceli Mangas, José Antonio Zarzalejos, Santiago Muñoz Machado, Juan Luis Cebrián, Natalia Velilla y Fernando Vallespín.