El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este jueves que el Gobierno está trabajando "de forma decidida" con las comunidades para que asuman la competencia en materia de sanidad penitenciaria, lo que supondrá "un considerable paso adelante" al que "no vamos a renunciar".

Marlaska ha intervenido en la inauguración de la jornada "La sanidad penitenciaria en tiempos de pandemia", organizada por La Coordinadora Estatal de SIDA (Cesida), y ha advertido de que no se pueden permitir más aplazamientos en la transferencia de esa competencia, que ya tienen asumida el País Vasco y Cataluña.

La ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud establecía que el traspaso debería llevarse a cabo en el plazo de 18 meses desde su entrada en vigor, es decir, el 1 de diciembre de 2004.

"Esos dieciséis años de retraso no pueden convertirse en una realidad indebida", ha recalcado el ministro, que ha precisado que mientras llega la transferencia el Gobierno se está "involucrando de forma decisiva" en el ámbito retributivo y de derechos profesionales de los facultativos penitenciarios.

Tras recordar que la pandemia ha puesto a prueba a todos, Marlaska ha apuntado a que los contagios, hospitalizaciones y fallecimientos por el coronavirus han sido "sustancialmente inferiores" en el ámbito penitenciario que entre la población general gracias a las pautas de actuación específica en un contexto de seguridad sanitaria para trabajadores e internos.

No obstante, ha rechazado hacer un ejercicio de triunfalismo y ha dicho ser consciente de que hay que preservar un esfuerzo diario para mejorar la sanidad penitenciaria "sustancialmente"."Es necesario y preciso", ha subrayado.

También la directora de Salud Pública, Pilar Aparicio, ha abogado porque el traspaso de la sanidad penitenciaria sea una realidad para todas las comunidades.

La responsable del Ministerio de Sanidad ha valorado el "doble mérito" que supone el control de la pandemia en las cárceles y ha advertido de que el derecho a la salud no puede verse restringido por el ingreso en prisión.

Por su parte, el presidente de Cesida, Ramón Espacio, ha puesto de relieve el deterioro de la sanidad en las cárceles y ha achacado la falta de atractivo de las plazas de médicos a las diferencias retributivas respecto a otros profesionales del sistema sanitario, pero también a "la habitual interferencia de los funcionarios en las decisiones médicas".

Espacio ha reclamado para los internos -un colectivo con alta incidencia de enfermedades infecciosas y mentales- una asistencia sanitaria igual a la del resto de ciudadanos y, para ello, es necesario la transferencia a las comunidades de la sanidad penitenciaria, aunque ha dicho ser consciente de que "no será la panacea".

"Dieciséis años de incumplimiento de un mandato legal son demasiados; se nos dice que son las comunidades las que no quieren pero cuando hablamos con ellas nos dicen que la partida presupuestaria que se les ofrece es insuficiente", ha señalado Espacio, quien ha advertido: "La sanidad penitenciaria está lanzando un SOS y no puede esperar otros dieciséis años". EFE