Magistrada Ferrer: Medidas prohibitivas no solucionan los juicios paralelos

La magistrada de la Sala de los Penal del Tribunal Supremo Ana María Ferrer no cree que la existencia de medidas prohibitivas o sancionadoras sea una "solución aceptable" para evitar "juicios paralelos", cuando hay procesos abiertos que despiertan el interés de la sociedad.

"La publicidad es esencial y no podemos poner puertas al campo", ha subrayado la magistrada, para quien se debe "exigir un esfuerzo de todos los implicados".

Ferrer, quien ha sido una de las integrantes del tribunal que ha resuelto el caso de "La Manada" y que es una de las magistradas del juicio del "procés"', ha defendido la necesidad de una especialización de los periodistas y, también, ha apostado por una mayor transparencia de los profesionales de la administración de Justicia.

La magistrada ha participado este lunes en el curso "La Justicia tiene solución", que se imparte en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en el que ha debatido sobre "Juicios paralelos e independencia judicial", con el presidente de la Agencia EFE, Fernando Garea, y el abogado Pedro Apalategui, que llevó la defensa de Dolores Vázquez en el juicio por el asesinato de Rocío Wanninkhof.

Todos ellos han apostado por la necesidad de trasladar a la sociedad una información veraz sobre los procesos judiciales, porque, según ha enfatizado la magistrada Ferrer, los juicios deben ser públicos porque la publicidad debe ser una garantía para los derechos de las víctimas, la libertad de expresión, el derecho a ser informados y a un juicio justo.

"La prensa tiene que acatar las resoluciones judiciales, pero no tiene por qué aclamarlas", ha opinado Ferrer, para quien la existencia de juicios paralelos en casos muy mediáticos que trascienden de programas informativos a otros divulgativos e, incluso, a algunos de "dudoso gusto", en su opinión, no han llevado a dictar sentencias en la que la imparcialidad de los jueces se haya visto afectada.

"Tenemos resortes que garantizan la imparcialidad incluso en los juicios que se sustentan ante el tribunal del Jurado", ha subrayado la magistrada, que se ha declarado "defensora del jurado popular", aunque sus componentes sean "legos en derecho".

En respuesta a la petición de mayor transparencia en la información judicial, que Fernando Garea ha dirigido especialmente hacia el Ministerio Fiscal, Ana maría Ferrer ha coincidido en ello y ha opinado que "la información descarta la posibilidad de interpretaciones tendenciosas".

Al respecto, por lo que se refiere al caso de La Manada, ha destacado que "uno de los aciertos" de la reciente sentencia del TS que condena a los acusados por violación y eleva a 15 años de cárcel la condena, ha sido "adelantar el fallo y explicarlo".

"Con transparencia se dificultan los juicios paralelos", ha sido el mensaje que ha lanzadoGarea, quien, aunque ha hecho "autocrítica" al aceptar que los medios de comunicación han cometido algunos "excesos", ha destacado que la responsabilidad de los posibles errores es "muy compartida por todos los operadores de la Justicia".

"En España se hace buen periodismo de tribunales", ha añadido el presidente de Efe, que ve tan necesario que los periodistas especializados adquieran conocimientos jurídicos, como que los operadores de la Justicia "estudien comunicación".

En este sentido, ha lamentado que en España se legisle "de forma muy confusa" y que las leyes estén "mal redactadas".

En su apuesta por la transparencia informativa, Garea ha contrapuesto la que se está produciendo en el juicio del "procés" con las sesiones televisadas, con el juicio por la destrucción de los discos duros de Luis Bárcenas en el que solo se ha permitido a las televisiones captar imágenes sin sonido antes del inicio de las sesiones y sin enfocar de frente a los acusados.

Por su parte, el letrado Pedro Apalategui ha recordado que el "juicio paralelo" que sufrió su defendida (Dolores Vázquez), que después de ser condenada por asesinar a Rocío Wanninkhof se demostró que era inocente como ella no dejó de proclamar, "llegó a quebrar su yo y a que pensara si padecía una amnesia protectora".

"No es un caso generalizado pero se ha producido y se puede volver a producir", ha alertado Apalategui, que considera que el juicio Wanninkhof "fue una anormalidad".

El abogado ha enfatizado que "el proceso público es algo más que una garantía constitucional, es una garantía democrática"".