La Ley de Secretos Oficiales se ha vuelto a situar en primera línea tras la declaración de la exministra González Laya, imputada por la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Laya se amparó en dicha ley para evitar responder a algunas preguntas el día de su cita en los juzgados, respecto a quién fue el responsable último de esta operación, y quiénes participaron desde el seno del Consejo de Ministros.

La Ley de Secretos Oficiales es una ley del periodo franquista que sigue vigente en la actualidad. Fue aprobada en abril de 1968 y recoge que "podrán ser declaradas 'materias clasificadas' los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado". Además, estas materias clasificadas pueden ser catalogadas como 'secreto' o como 'reservado', en función de su nivel de protección. Los encargados de realizar esta clasificación son el Consejo de Ministros y el Consejo de Jefes de Estado Mayor.

Esta ley no plantea un mecanismo de desclasificación de los documentos, ni un plazo determinado en el cual los papeles sean desclasificados de manera automática, como ocurre en la mayoría de países europeos, que tienen un plazo estandarizado que ronda los 50 años, tras los cuales los documentos dejan de estar clasificados.

La Ley de Secretos Oficiales convive con la Ley de Transparencia pero una se ve limitada por la otra, y es que la de la Transparencia no puede aplicarse en las materias reguladas por una ley específica, como es el caso de los documentos amparados por la ley de Secretos. Por otra parte, actualmente no hay ninguna manera de saber que asuntos son susceptibles de ser secretos oficiales, ya que no hay un listado oficial.

Diez años después de su aprobación inicial, la Ley de Secretos Oficiales fue modificada parcialmente en octubre de 1978, cambiando algunos artículos y eliminando otros pero manteniendo su esencia. Desde entonces se han realizado varios intentos de reformar esta ley, pero ninguno ha prosperado hasta la fecha.

En abril de este año, el Gobierno ponía en marcha su propia reforma de dicha ley, tras descartar la propuesta del PNV que llevaba tiempo sobre la mesa. El ejecutivo conformó una comisión que dirigía el Ministerio de Presidencia y donde también se encontraba Defensa, Interior y Exteriores. La comisión parecía dispuesta a aprobar la ley en unos meses y permitir desclasificar documentos oficiales posteriores a octubre de 1978, que era el límite temporal fijado inicialmente. Se esperaba aprobar la reforma en el Consejo de Ministros celebrado el 6 de julio pero finalmente no se llevó a cabo.

Las últimas noticias en torno a la ley pasan por su ausencia en el Plan Anual Normativo de 2021 presentado por el Gobierno a finales de agosto, que recoge las medidas que el ejecutivo tiene previstas aprobar antes de que termine el año, y entre las que no se encuentra la reforma, que meses atrás parecía encaminada hacia su aprobación. Por ahora, se desconoce el motivo por el que la reforma no ha salido adelante y, si este retraso puede estar relacionado con la imputación de la exministra Laya en el caso Ghali.