Los procuradores de Madrid y Barcelona han puesto en marcha un plan para reclamar más competencias en la notificación y ejecución de los procesos judiciales, lo que aseguran permitiría acortar "drásticamente" la duración de los litigios y agilizar el cobro de reclamaciones económicas pendientes.

De forma conjunta, los Colegios de Procuradores de Barcelona y de Madrid han aprobado una hoja de ruta para los próximos años que pretende introducir reformas legislativas con el fin de ampliar su papel en la administración de justicia, que resulta clave tanto en los trámites judiciales como para mantener informados a abogados y clientes sobre el estado de su proceso, han explicado a EFE fuentes del sector.

Para ello, se están reuniendo con grupos políticos y con representantes del Gobierno para conseguir apoyos a su hoja de ruta, aprovechado la tramitación del proyecto de ley de eficiencia procesal en Las Cortes.

ACCESO AL "PUNTO NEUTRO" JUDICIAL

Una de las principales propuestas del plan estratégico, que busca ampliar las competencias de los procuradores y reforzar su papel de colaborador de los tribunales, es que se les permita acceder al llamado "punto neutro", una base de datos mediante la que los juzgados pueden consultar datos personales sobre el catastro, de tráfico, de la Seguridad Social o de la Agencia Tributaria.

Actualmente, cuando los procuradores quieren acceder esa información deben solicitarlo al juzgado, pero la respuesta, teniendo el cuenta el colapso judicial, puede demorarse durante meses, lo que eterniza la resolución de los litigios en asuntos clave como las reclamaciones económicas.

Los procuradores consideran que, si se les facilitara el acceso al "punto neutro" bajo autorización judicial, podrían ganar un tiempo precioso para la ejecución de las resoluciones.

Fuentes del sector destacan el impacto que ello podría tener en las reclamaciones económicas: disponer lo antes posible de datos como el domicilio, la información bancaria o los ingresos de un demandado les permitiría dar impulso a las ejecuciones de sentencias y que los afectados puedan recuperar lo antes posible las sumas adeudadas.

Según los datos en que se basa la hoja de ruta, que se ha elaborado con propuestas de reforma legislativas de otros colegios de España y del Consejo General de Procuradores, el retraso en las ejecuciones de resoluciones judiciales ha ido en aumento en los últimos años y se sitúa ahora en 8,8 meses como promedio. En 2021, solo se finalizaron el 36 %.