La familia Martínez-Bordiú Franco ha presentado este martes su escrito de alegaciones finales en el procedimiento puesto en marcha por el Gobierno para exhumar los restos de su abuelo, Francisco Franco, del Valle de los Caídos, han informado fuentes del entorno de la familia.

El mismo día en que vencía el plazo para alegar, la familia Franco, por medio de su abogado, Luis Felipe Utrera-Molina, argumenta en un escrito de 55 páginas las "múltiples irregularidades" que ha detectado en los trámites para proceder a la exhumación, que llegan a calificar de "farsa administrativa" para dar cobertura legal a una decisión tomada de antemano por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en junio pasado.

El escrito de alegaciones dedica especial atención a poner en evidencia el informe redactado por la Delegación del Gobierno de Madrid sobre los supuestos problemas de seguridad que desaconsejan una eventual reinhumación de los restos de Franco en la Cripta de la Catedral de la Almudena.

Citando a "expertos consultados en materia de seguridad", la familia advierte de que estos han concluido que los riesgos de llevar los restos a la cripta de La Almudena, como querría la familia en caso de que la exhumación se ejecute, son reducidos, avanzan las fuentes consultadas.

Y lo son en primer lugar porque la zona en la que se ubica la cripta es de por sí "altamente segura" debido a la elevada presencia de fuerzas de seguridad del Estado, medidas de control antiterrorista y restricciones que se aplican en ella como consecuencia de que la catedral de La Almudena linda con el Palacio Real, una de las sedes utilizada por la jefatura del Estado para actos instituciones y parada obligada de visitas turísticas.

Pero la familia cuestiona también los supuestos riesgos que entraña la cripta de La Almudena como lugar alternativo para albergar los restos de Franco "por no ser objetivo del terrorismo islámico, única amenaza terrorista considerada en la actualidad" y porque no se prevé una afluencia masiva de visitantes a la cripta una vez que los restos de Franco recalasen allí. Como máximo habría unas 1.000 visitas diarias, estiman.

Más seguro que un partido de fútbol

Y esta cifra dista mucho de la afluencia de personas que generan otros grandes eventos que se celebran en la capital, como los partidos de fútbol que concentran a 100.000 personas en el centro de Madrid durante tres horas, o las visitas que recibe el Museo del Prado, con casi 3 millones de visitantes anuales, se argumenta en el escrito de alegaciones.

La familia considera pues "despreciable" el riesgo de disturbios de orden público de carácter ideológico que podría provocar el traslado de los restos de Franco a La Almudena. Citan, en este sentido, el precedente de la reciente manifestación convocada por Unidos Podemos, UGT y CC.OO contra el traslado de los restos a la Almudena que apenas congregó a 200 personas.

El escrito denuncia asimismo la doble violación de los derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar y a la libertad religiosa que constituyen, a su juicio, tanto la exhumación de los restos mortales en contra de la voluntad de la familia, como la injerencia del Gobierno en el ejercicio del derecho de la familia a decidir el destino de tales restos en caso de que se procediera a la exhumación.

Los nietos de Franco denuncian también que el Gobierno no tiene jurisdicción alguna para acordar la exhumación, dado que en su acuerdo del 8 de noviembre por el que abrió el procedimiento para la exhumación reconoce de manera expresa el carácter inviolable de la Basílica del Valle de los Caídos, circunstancia que emana del Tratado entre España y la Santa Sede.

Contra la voluntad del prior

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A esto se une la expresa denegación por la autoridad eclesiástica competente -el Prior Administrador de la Abadía- para permitir el acceso a la Basílica a los técnicos que designe el Gobierno para llevar a cabo la exhumación.

Otro de los elementos que, a juicio de la familia, prueba el carácter "fraudulento" del procedimiento tiene que ver con el hecho de que se dirija única y exclusivamente a la exhumación de Franco cuando el decreto ley que da cobertura legal a esta acción aparentemente se aplica a todos los cadáveres inhumados en el Valle de los Caídos que no cumplen los requisitos del artículo 16.3 de la Ley de Memoria Histórica, es decir, que no fallecieron como consecuencia de la guerra civil española.

La familia se pregunta por qué tiene que "soportar el dolor, la humillación y la afrenta de ver desenterrado a su abuelo, con evidente intención de agraviar su imagen y recuerdo, antes que el resto de familias que tienen a parientes en la misma situación".

Las alegaciones se completan con el cuestionamiento de que el proyecto del Gobierno cumpla la legalidad urbanística y con la denuncia de que la Dirección de Salud Pública de la Comunidad de Madrid incumple la normativa vigente en materia de sanidad mortuoria por haberobviado la condición de cadáver embalsamado que, a juicio de la familia, tienen los restos de Franco.

Por todo ello, la familia solicita declarar improcedente la exhumación de su abuelo. Y sólo para el hipotético caso de que se estimase procedente la exhumación, exigen que se les haga entrega delos restos para reinhumarlos en la sepultura que tienen en propiedad en la Cripta de la Catedral de Santa María de la Almudena de Madrid.

Aunque el Gobierno está obligado a permitir que la familia presente sus alegaciones, no las tiene que tener en cuenta, por lo que en las próximas semanas el Consejo de Ministros puede aprobar la orden definitiva de exhumación del dictador.

Sin embargo, el Tribunal Supremo ha advertido al Gobierno de que no podrá ejecutar la exhumación sin que previamente las partes interesadas hayan podido recurrir ese acuerdo definitivo del Consejo de Ministros y la Sala se haya pronunciado al respecto.

La mera decisión de la familia de recurrir esa decisión impedirá al Ejecutivo de Pedro Sánchez ejecutar la exhumación al menos por unos meses más, ya que las partes personadas --además de la familia Franco están la Fundación Nacional Francisco Franco y la comunidad benedictina que custodia la basílica del Valle de los Caídos-- cuentan con un plazo de dos meses para recurrir la orden definitiva de exhumación.

Así, si decidiesen agotar el plazo, los restos de Franco en ningún caso podrían abandonar el Valle antes de abril.