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A María Luisa Carcedo, hasta ahora Alta Comisionada para la Lucha contra la Pobreza Infantil, y nombrada ayer ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en sustitución de Carmen Montón, ya le han puesto deberes.

Su nombramiento ha sido valorado por muchas asociaciones relacionadas con este sector, dada su trayectoria profesional, pero a través de comunicados le han pedido que en seguida se ponga a trabajar a favor de la sanidad pública y una sociedad inclusiva.

El sindicato UGT ha solicitado a Carcedo que no retrase las negociaciones con los agentes sociales pues hay sobre la mesa "muchos temas importantes y urgentes" para los profesionales de la Sanidad.

UGT espera que se mantenga el calendario de trabajo en aspectos como las Oferta Pública de Empleo Extraordinarias para rebajar la precariedad en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del ámbito sanitario.

Todo ello pasa por las jubilaciones anticipadas, parciales y voluntarias, encaminadas a rejuvenecer las plantillas del SNS.

En cuanto a los profesionales que trabajan en Dependencia, UGT insta a mejorar los salarios y evitar grandes cargas de trabajo, deficiencias en materia de salud laboral y ausencia de medidas de conciliación.

Por su parte, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) cree que Carcedo tiene por delante "ingentes tareas" como son el acabar con las exclusiones y barreras económicas en el acceso a las prestaciones sanitarias, controlar y racionalizar el gasto farmacéutico y acabar con las privatizaciones recuperando la hegemonía de la Sanidad Pública, mientras que CCOO ya ha solicitado una reunión con la nueva ministra.

Para el Sindicato de Enfermería Satse, la nueva ministra debe "mover ficha" y solucionar graves problemas que sufren las enfermeras y fisioterapeutas, como la falta de plantillas, condiciones de trabajo no seguras o la falta de desarrollo y reconocimiento a su labor".

Además, Satse considera prioritario que desde el Gobierno se trabaje con las comunidades autónomas en aumentar las plantillas de enfermeras y fisioterapeutas en sus respectivos servicios de salud y garantizar así una mejor atención al ciudadano.

A su vez, el Consejo General de Enfermería espera que la sanidad "quede fuera de cualquier conflicto político" e insiste en que el Ministerio tendrá que abordar cuestiones como la prescripción enfermera, las especialidades de enfermería o la escasez de profesionales en algunas comunidades autónomas.

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) pide a Carcedo que trabaje para que se pueda "recuperar lo perdido por los fuertes recortes salariales acometidos desde 2010" y que se pueda dar solución al grave problema de la precariedad laboral en el SNS.

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Y el también sindicato CSIF exige a Carcedo que se reanuden las negociaciones laborales pendientes y se pongan en marcha cuanto antes medidas para combatir la alta precariedad laboral en el Sistema Nacional de Salud.

Por su lado, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) espera que Carcedo impulse los derechos de este colectivo, avanzando hacia la plena participación de este grupo social.

Mientras, la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) pretende que la nueva ministra impulse el desarrollo del Acuerdo de Colaboración firmado en 2017 para consolidar la participación de los pacientes en las decisiones del Sistema Nacional de Salud y que dé prioridad a aspectos como la cohesión, la equidad y la eficiencia de sus recursos.

Desde la Asociación de Víctimas de la Talidomida (Avite) recuerdan a Carcedo que el colectivo sigue pendiente de que el Gobierno haga efectivas las ayudas tras el reconocimiento oficial de la condición de afectados.

Asimismo, a la ministra ya le han llegado peticiones de comparecencia en el Congreso.

Ha sido Ciudadanos el que esta mañana ha registrado en la Cámara Baja una solicitud para que Carcedo "explique las líneas generales de actuación en su departamento".