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JUICIO PROCÉS (Crónica)

La llamada

27 de octubre de 2017. Dos horas antes de que el Parlament catalán apruebe la DUI, el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero llama al fiscal superior de Cataluña y al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). "Les comento por teléfono que el cuerpo está a disposición tanto de Fiscalía como del órgano judicial".,El "Cos de Mossos", dice al tribunal que enjuicia a los doce del "procés", tenía preparado un dispositivo para detener a C

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 3'Actualizado 21:25

María Traspaderne

27 de octubre de 2017. Dos horas antes de que el Parlament catalán apruebe la DUI, el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero llama al fiscal superior de Cataluña y al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). "Les comento por teléfono que el cuerpo está a disposición tanto de Fiscalía como del órgano judicial".

El "Cos de Mossos", dice al tribunal que enjuicia a los doce del "procés", tenía preparado un dispositivo para detener a Carles Puigdemont y sus consellers porque lo que iba a suceder en el Parlament era "de una cierta gravedad".

La bomba informativa llega pasadas tres horas de su declaración como testigo en la jornada 17 del juicio. Trapero, tranquilo, seguro, se lo explica al abogado del exconseller Joaquim Forn, que este jueves elige sentarse detrás del letrado, y no en el banquillo, para escuchar las palabras del que fuera su subordinado.

Forn, apoyado por una sala llena con algunos de sus familiares, escucha atento, hace gestos de reprobación, enarca las cejas, se frota el rostro y mira al techo ante las palabras del mayor, que en sus cinco horas como testigo ante el Supremo intenta zafarse de responsabilidades y cargarlas en los políticos, en la juez del TSJC y, por último, en la Policía y la Guardia Civil.

Él no apoyó la celebración del 1-O (la duda "ofende"), avisó al Govern de los peligros del referéndum (habría "conflictos graves") y les advirtió de que ellos cumplirían la ley ("no se equivoquen con nosotros").

Distancias entre Mossos y políticos que marca desde el momento en que pisa la tarima del salón de plenos y se sube al estrado. Ni un gesto, ni una mirada, ni por supuesto un saludo, a los acusados sentados en el banquillo.

Con su discurso bien preparado, la sombra de su abogada sentada al lado y un juicio en ciernes por rebelión en la Audiencia Nacional, el mayor sigue un guion del que no consigue sacarle nadie, ni el fiscal, ni la abogada del Estado, ni Vox, acusación que protagoniza la metida de pata procesal más sonada del juicio.

Trapero estaba "incómodo" en el Govern de Puigdemont y le parece "ofensivo" que se dude de su intención de impedir un "acto ilegal" que, si no se consiguió frenar, fue porque "alguien" quebró la coordinación de los cuerpos de seguridad y porque la jueza no especificó bien lo que había que hacer.

"Nadie dijo nada, señoría", de que había que desalojar los centros de votación los días previos, ocupados por familias las 24 horas en actividades "lúdicas" que, afirma, no tenían nada que ver con el referéndum.

¿Había ocurrido eso alguna vez? No, pero los Mossos no pensaron que tenían relación, contesta un "naif" Trapero, para quien "a toro pasado" es fácil interpretar que las fiestas de pijamas y los talleres de observación de estrellas eran "actos preparatorios" del 1-O.

El momento más tenso de la jornada, para unos, y más gratificante, para otros, llega cuando todos se dan cuenta del desliz de Vox: el secretario general del partido, Javier Ortega, se ha dejado en el tintero una de las preguntas clave, la de la reunión del 28 de septiembre con Puigdemont, Forn y Oriol Junqueras donde se les avisó de la violencia si seguían con sus planes.

El tropiezo se materializa cuando un implacable fiscal Javier Zaragoza se dispone a abordar el tema. El hábil abogado de Forn, Xavier Melero, le corta. Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Zaragoza no puede preguntar más allá de Vox, ya que la Fiscalía no ha reclamado su testifical.

Desconcertado, el presidente del tribunal, Manuel Marchena, habla con los magistrados a su derecha, a su izquierda, y anuncia la suspensión del juicio para deliberar.

Dos horas después, un legalista tribunal decide por unanimidad no permitir esas preguntas, pero se guarda un as bajo la manga.

El fiscal continúa, le dedica alguna lindeza a Vox ("aquí sí parece que el interrogatorio de la acusación popular ha sido más extenso") y consigue sacarle el 28 de septiembre esquivando la palabra reunión: Trapero ratifica que ese día avisó a los políticos.

Pero cuando, terminado el interrogatorio al filo de las siete de la tarde, se da por perdida la ocasión, Marchena vuelve a citar la ley. El tribunal puede hacer las preguntas que quiera para aclarar los hechos. Pues bien:

- Usted ha declarado sobre una reunión que promueve en la que están responsables políticos y de medios de la fuerza que usted dirigía (...) ¿Qué mensaje quiere transmitir y qué respuesta obtiene?

- ¿La reunión del 28?

Y Trapero explica por fin que se les dijo que "el cuerpo de Mossos evidentemente no iba a quebrar nunca con la legalidad y la Constitución" y que Puigdemont respondió que hicieran "el trabajo que tengan que hacer". Una de cal y otra de arena.

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