La ley de amnistía recibe este jueves el visto bueno del Congreso antes de pasar al Senado

El pleno del Congreso aprobará este jueves la ley de amnistía, que pasará al Senado después de ser modificada con los cambios pactados con Junts y ERC y entre la incertidumbre sobre el contenido final de los informes pedidos al Consejo General del Poder Judicial y la Comisión de Venecia.

La ley clave de la legislatura, prometida por el PSOE a sus socios catalanes a cambio del apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, saldrá así del hemiciclo de la Cámara baja rumbo al Senado.

El texto que aprobará el Congreso borra toda responsabilidad penal, administrativa y contable de las personas relacionadas con el 'procés' durante doce años y abre la puerta al regreso a España del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

Si los plazos iniciales se cumplen la ley de amnistía estaría aprobada definitivamente a finales de mayo o principios de junio, en plena campaña de las elecciones europeas, ya que se espera que se agote en el Senado -donde el PP tiene la mayoría- el plazo máximo de dos meses de tramitación.

Aunque Vox insiste en pedir al PP -como ha vuelto a hacer hoy en el Congreso su líder, Santiago Abascal- que rechace la entrada de la ley en la Cámara alta, los populares no lo ven factible porque consideran que el Senado tiene la obligación de tramitarla.

Una tramitación que se producirá después de conocerse los informes que la Cámara Alta ha pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y a la Comisión de Venecia. Esta última se reúne este viernes para aprobar su dictamen definitivo sobre la norma.

Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial ha puesto sobre la mesa dos informes que chocan sobre la constitucionalidad de la ley; uno del vocal conservador Wenceslao Olea, que dice que la norma es inconstitucional y otro de la progresista Mar Cabrejas, que sí le ve encaje en la carta magna.

El Consejo decidirá el próximo jueves 21, si bien todo apunta a que saldrá adelante el primero respaldado por la mayoría conservadora.

En cuanto al futuro de la norma tras su paso por el Senado, una vez que el pleno rechace la ley aprobando las enmiendas del PP, volverá a la Cámara Baja, para que los socios de Pedro Sánchez vuelvan a restituir el texto original y la aprueben definitivamente.

De esta forma, verá la luz seis meses después de que la iniciativa fuera registrada por el PSOE bajo el trámite de urgencia y después de duras negociaciones con Junts que han alargado el tiempo previsto.

Negociaciones con las que los grupos independentistas logran, según aseguran, blindar la ley para intentar restringir el margen de interpretación de los jueces y garantizar que nadie quede fuera del paraguas de la amnistía.

Tras el acuerdo alcanzado la pasada semana, han quedado fuera los actos que por su finalidad puedan ser calificados como terrorismo según la directiva europea de 2017 y que hayan causado "de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos", en particular las reguladas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en el derecho internacional humanitario.

Entre los delitos excluidos están también las torturas o tratos inhumanos o degradantes, aunque se podrán amnistiar algunos casos en los que no se supere un "umbral mínimo de gravedad", mientras que la traición no está amparada salvo casos en los que hubiera amenaza real y fuerza.

El texto acota la amnistía del delito de malversación, que estará cubierto siempre que no haya existido propósito de enriquecimiento, y establece -y esto afecta a Puigdemont y los fugados- que los jueces que tengan entre manos causas del 'procés' deberán poner en libertad de forma inmediata a quien esté en prisión y levantar cualquier medida cautelar en vigor, dejando sin efecto las órdenes de búsqueda y detención.

Y esas medidas quedarán anuladas aunque un juez suspenda el procedimiento "por cualquier causa", como un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) o ante el Tribunal Constitucional.

La ley borra además "responsabilidades contables" relacionadas con el proceso soberanista, con lo que se paralizará la causa que mantiene abierta el Tribunal de Cuentas contra 35 ex altos cargos catalanes y, aunque no da derecho a indemnizaciones, un último cambio permitirá a las administraciones devolver multas impuestas en aplicación de la ley mordaza. EFE

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