JxCat ha dirigido a la Mesa del Congreso un escrito para que reconsidere la suspensión de los cuatro diputados catalanes que se encuentran en prisión preventiva, ya que no es decisión de su competencia, y advierte de que si no lo hace, se planteará acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Cree la formación independentista que la suspensión ha lesionado derechos fundamentales de los parlamentarios presos.

La petición, con fecha de este lunes, lleva la firma de los siete diputados de JxCat elegidos en los comicios generales del 28 de abril, incluidos Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sànchez, que son los tres de la formación independentista que están en prisión mientras se desarrolla el juicio del "procés" en el Tribunal Supremo.

Su escrito queda registrado después del remitido por Esquerra el viernes pasado.

Los tres, más Oriol Junqueras, de ERC, han sido suspendidos en sus derechos y deberes por la Mesa del Congreso, decisión adoptada tras que un informe de los letrados de la Cámara avalara la suspensión en función del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), pero no del artículo 21 del reglamento del Congreso.

Precisamente a la base jurídica en la que se apoyó la Mesa, o la mayoría de PSOE, PP y Cs, puesto que Unidas Podemos se pronunció en contra, recurre JxCat en su escrito.

Argumenta que la suspensión no compete a la Mesa, sino al Pleno previa propuesta de la Comisión del Estatuto del Diputado. JxCat añade que no hay suplicatorio, por lo que con este elemento en la mano no cabe tampoco la suspensión.

Cree el partido que dirige Carles Puigdemont que "pese" a sus "rocambolescas interpretaciones", el Tribunal Supremo tendría que haber comunicado al Congreso "la existencia de causa pendiente" contra los cuatro diputados.

Como no lo ha hecho, interpreta JxCat que la Mesa, con su decisión, "asume unas funciones que no le corresponden".

También expresa sus dudas por que el órgano de gobierno del Congreso adopte la suspensión de acuerdo con una "norma procesal general" que "corresponde en exclusiva a los tribunales de justicia", es decir, la Lecrim. La Mesa sólo podrá haber tomado una decisión como la ya oficializada conforme a lo que establezca el reglamento.

Y se centra en el contenido del 384 bis, que en su opinión no sería aplicable al caso que ocupa porque "está circunscrito a supuestos de terrorismo".

"La decisión de la Mesa ha ignorado por completo la interpretación constitucional que limita el término 'rebelde' a los efectos de aplicar el artículo 384 bis a supuestos de bandas terroristas y armadas", señala.

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Otros aspecto que esgrime JxCat es la lesión de los derechos fundamentales de los diputados con la plena condición adquirida tras acatar la Constitución en la sesión inaugural del Congreso del pasado martes. No sin polémica, desde ese día los cuatro presos se convirtieron en diputados a todos los efectos.

Para la formación catalana, quedan afectados derechos como los de participación directa o de representación política, e incluso la presunción de inocencia o la tutela judicial efectiva.

Todos estos factores los plantea JxCat en un escrito con el que se dirige a la Mesa para pedir la reconsideración de la suspensión, y advierte de que si ello no ocurre, podría presentar un recurso de amparo "y/o demanda" ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.