La Justicia ha dado la razón a una madre vasca que ha ganado al departamento de Educación de la Ejecutiva regional. El Gobierno vasco denegó la beca de transporte escolar a su hijo por estar matriculado en un centro concertado con enseñanza en castellano.

Tal y como informa ABC, la administración pública no pagaba la ayuda escudándose en que, para que el alumno tuviera derecho a esa asignación económica, tenía que estudiar en un colegio público. El departamento vasco de Educación aseguraba que la matriculación del niño era una elección de los padres del pequeño y por ello, el niño no tenía derecho a esa beca.

Finalmente, los padres demostraron que la matriculación de su hijo se realizó en un colegio concertado porque no había plazas del modelo A (en castellano) en ningún centro público en Guipúzcoa. Así lo explicaba la madre al diario: "Entendíamos que se estaba produciendo una discriminación no permitida por la ley y una vulneración del artículo 14 de la Constitución Española, así como la Declaración de los Derechos del Niño".

La Justicia ha condenado al Ejecutivo de Urkullu en una sentencia firme contra el departamento de Educación acusándolo de "tener una notable desfachatez y, en lugar de ayudar no hacer más que poner trabas como consecuencia del modelo lingüístico elegido por estos padres". El letrado ha asegurado que "se evidencia el cinismo de la posición de la Administración Pública, que ha empujado a los recurrentes con su acción (u omisión) a matricular a su hijo en un centro privado concertado, sin ofrecer una solución real y de impedirles el acceso a unas ayudas a las que tienen derecho".

Asimismo, el hijo de Luisa tiene 8 años pero los problemas arrancaban cuando el niño tenía 2. Por aquel entonces, estas fueron las barreras contra las que tuvo que luchar: "Me dijeron que si no cogía un modelo D (enseñanza en euskera como lengua vehicular, excepto en Lengua y Literatura Castellana) en un centro público, el niño se quedaría sin plaza hasta 1º de Primaria", contaba.

La familia del menor decidió acudir al Defensor del Pueblo para reclamar ayuda y se les dijo que efectivamente había derecho a beca pero el Gobierno vasco siguió denegándola. Sin embargo, continuaron en la lucha y remitieron a la Fiscalía lo que estaba ocurriendo sin mucho éxito a través de un documento de 48 páginas que acabaría archivándose.

Al cuarto intento y tras una larga pelea, esta familia ha conseguido finalmente que el niño opte a la beca. Esta madre cree que esta sentencia abre un precedente, un antes y un después, para que todos los niños de la concertada puedan acceder a estas ayudas.