El Gobierno andaluz se ha mostrado este martes "convencido de la constitucionalidad" de su último decreto-ley sobre simplificación administrativa, el 3/2024, así como de la consecución de un acuerdo con el Gobierno para resolver una discrepancia con un artículo acerca de una declaración responsable en competencias de la Consejería de Fomento.

Esa confianza en el acuerdo entre Junta de Andalucía y Administración del Estado aun cuando el PSOE de Andalucía ha promovido este martes la presentación de un recurso de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional, iniciativa jurídica de la que la Junta de Andalucía ha considerado que "no se trata de un recurso que esté fundamentado en derecho".

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente, Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha señalado este martes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno "el interés político" de los socialistas andaluces con su iniciativa, que lleva la firma del propio Juan Espadas entre los 50 senadores que lo han interpuesto, por cuanto ha blandido como "un hecho significativo" que "ni siquiera el Gobierno ha planteado el recurso de inconstitucionalidad", para remarcar entonces que su única objeción del Estado se circunscriba a "un artículo de las 700 páginas que tiene el decreto".

Con la premisa de que "en la oposición tiene un interés distinto al jurídico", Fernández-Pacheco se ha cuestionado un rechazo de un grupo como el PSOE que "no quisiera pensar que quiera seguir apostando por la burocracia, que esté en contra de la simplificación administrativa, o en ponerlo fácil a los inversores".

El consejero y portavoz ha declarado en nombre del Gobierno andaluz "estar encantado de negociar ese artículo", mientras se ha mostrado "convencido de llegar a ese acuerdo", para seguidamente hacer balance de la controversia jurídica entre la Administración autonómica y estatal.

Ha explicado que el Gobierno ha presentado 16 recursos en el Constitucional contra medidas de la Junta de Andalucía, y "en 14 hemos llegado a un acuerdo en la Comisión Mixta", mientras que en los dos asuntos restantes el Gobierno acabó por no presentar recurso.

"Las normas se hacen de acuerdo a las leyes, a la Constitución", ha aseverado Fernández-Pacheco para ilustrar la forma de proceder de la Junta de Andalucía en la elaboración de sus normas.

Este martes el PSOE ha registrado su recurso de inconstitucionalidad contra el decreto-ley 3/2024, aprobado el 6 de febrero.

Al margen de la controversia jurídica de los socialistas andaluces con esta norma, el Gobierno andaluz ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) dos correcciones de errores de este decreto-ley, la segunda de las cuales fue este lunes sobre aspectos de valoración de la dependencia, de menor enjundia que la anterior, que se publicó hace dieciseis días y que alcanzaba las 20 páginas de BOJA.

Este hecho motivó una protesta en la Junta de Portavoces del Parlamento de Andalucía, que lideró el Grupo Parlamentario Por Andalucía, por el hecho de acometer un cambio de 20 páginas una vez que la Cámara autonómica ya había convalidado el decreto-ley, y se acordó, con el aval de otros tres grupos, encargar un informe a los Servicios Jurídicos del Parlamento para evaluar la repercusión de esa modificación.