La jueza del caso Azud, que investiga una supuesta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Valencia, ha decretado la puesta en libertad del exsubdelegado del Gobierno en Valencia y exportavoz municipal socialista, Rafa Rubio, detenido hace dos meses y que ingresó en prisión el 15 de mayo.

La magistrada le ha impuesto medidas cautelares como comparecencias semanales en sede judicial, la retirada de pasaporte y la prohibición de salir del país. De momento siguen en prisión el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau (PP) y el empresario Jaime Febrer, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

El pasado 30 de junio quedaron en libertad con medidas cautelares dos de los empresarios investigados en la causa, que estaban también en prisión preventiva desde el 15 de mayo. En aquel momento la juez consideró que ya no existían riesgos de destrucción de pruebas por parte de esos dos imputados, aunque les retiró también el pasaporte y les prohibió salir del país.

Ahora la juez considera lo mismo respecto a Rubio: que el riesgo de destrucción de pruebas, que fue el argumento central para acordar el encarcelamiento provisional y preventivo, ya no existe.

Las detenciones de estas personas se llevaron a cabo después de 46 registros en empresas, despachos profesionales y domicilios particulares de las provincias de Valencia, Alicante, Ciudad Real y Madrid.

Ahora se ha acordado la libertad provisional de Rubio tras una diligencia celebrada ayer en el Ayuntamiento de Valencia en busca de documentación relevante para la investigación.

El caso Azud investiga el supuesto cobro de comisiones irregulares en el Ayuntamiento de Valencia. La titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia -que cuenta con un juez de refuerzo- sigue tramitando una instrucción que nació en 2017 pero que no saltó a la luz pública hasta 2019, con la detención del abogado y cuñado de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, José María Corbín.

En esta causa, que se encuentra bajo secreto de sumario, se investiga el posible cobro de comisiones ilegales relacionadas con operaciones urbanísticas y adjudicaciones de contratos en el Ayuntamiento de Valencia, otros consistorios de la Comunitat Valenciana y diversas entidades públicas locales y estatales. El grueso de las pesquisas se centra en el periodo comprendido entre los años 2004 y 2011.

La investigación adquirió una nueva dimensión después de los registros practicados en las oficinas del grupo CVC Axis (Construcciones Valencia Constitución). En el despacho de esta firma, propiedad del empresario Jaime Febrer, se halló documentación que ha permitido llegar hasta el que fue "número dos" en los sucesivos gobiernos de Barberá, Alfonso Grau, y también al que fuera durante muchos años figura clave de la oposición municipal, el socialista Rafael Rubio, subdelegado del Gobierno en Valencia en el momento de su detención e inmediatamente cesado tras ser detenido. EFE

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