El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decretado el reingreso al servicio activo en la carrera judicial de la juez Alejandra Fontana Sánchez, conocida por haber ordenado el secuestro del libro 'Fariña' en 2018, y le advierte de que si opta por no regresar se la declarará en situación de excedencia voluntaria.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este sábado el acuerdo que adoptó en este sentido la Comisión Permanente del CGPJ el pasado 15 de febrero, por el que se conmina a Fontana, actualmente en situación administrativa de excedencia voluntaria, "a tomar parte en todos los concursos que se anuncien para cubrir plaza de su categoría y solicitar todas las plazas vacantes hasta obtener destino".

"De no hacerlo así", advierte el CGPJ, Fontana, que ejerce ahora de abogada, será declarada "en situación de excedencia voluntaria por interés particular", de conformidad con lo establecido en el artículo 359 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con el artículo 195 del Reglamento de la Carrera Judicial.

Esta juez, cuando ejercía sus funciones en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Collado Villalba (Madrid), se hizo conocida en los medios al ordenar en marzo de 2018 el secuestro del libro 'Fariña', que se mantuvo durante tres meses y medio, hasta que la Audiencia Provincial de Madrid levantó en junio esa medida cautelar.

Tras esta decisión, la juez sustituta de Fontana en dicho juzgado, Mercedes Galindo, rechazó, a petición del fiscal, la demanda del exalcalde de O'Grove (Pontevedra) José Alfredo Bea Gondar contra el autor del libro, Nacho Carretero, y la editorial Libros del K.O., que fue la que motivó la adopción de la medida cautelar.

En su demanda, Bea Gondar, que aparecía mencionado en dos ocasiones en la obra por sus supuestos vínculos con el narcotráfico, exigía a los demandados 500.000 euros de indemnización por una supuesta vulneración de su derecho al honor.

Esa decisión fue ratificada después por la Audiencia Provincial de Madrid, que condenó además al exalcalde a pagar 16.480 euros en concepto de indemnización a la editorial y al autor por los perjuicios ocasionados por el secuestro cautelar del libro.

Bea Gondar decidió recurrir ante el Tribunal Supremo, y en febrero de 2021 la Sala de lo Civil confirmó la sentencia por la que fue rechazada la demanda y condenó además al exalcalde al pago de las costas.