Rossi García

La herencia autoritaria y la débil tradición negociadora de la política española explican el fracaso de la mediación en el conflicto catalán, donde ambas partes se enrocaron en posiciones "inamovibles", según afirma el juez Pascual Ortuño, autor de un libro sobre solución alternativa de conflictos.

Ortuño, que acaba de publicar "Justicia sin jueces" (Editorial Ariel), advierte en una entrevista con Efe de que España está "muy atrás" en materia de mediación, no solo respecto a los países de su entorno sino también respecto a otros como México, por lo que cree necesario "un impulso legislativo del Estado" para fomentarla.

Pascual Ortuño, magistrado de la Audiencia de Barcelona, dirige en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona una cátedra sobre resolución alternativa de conflictos que en los últimos años ha analizado el auge del debate independentista en Cataluña y el enfrentamiento entre los gobiernos catalán y español a cuenta del 'procés'.

En ese análisis, destaca Ortuño, se comprobó que los actores en liza "hablaban en todo momento de diálogo y negociación, aunque en realidad nunca se ha querido buscar por ninguno de los intervinientes políticos".

"Todos partían de la imposición de unas soluciones predeterminadas inamovibles, así que la negociación y la mediación no han sido posibles", alerta el magistrado, que fue director de la Escuela Judicial y director general de Derecho Privado en la época del gobierno tripartito en la Generalitat.

Para Pascual Ortuño, en esa escasa predisposición a dialogar en el conflicto de Cataluña influye la falta de cultura mediadora en España: "En las facultades de derecho no se estudia negociación, tampoco en política. Luego nos quejamos de que los políticos no negocien, pero es que sólo les enseñan a negociar la rendición del contrario", lamenta.

El factor más importante, según Ortuño, es que España cuenta con "una cultura basada el cien por cien en el autoritarismo, que proviene de muchos años en los que se ha inoculado en la ciudadanía una especie de incapacidad para resolver por ella misma los conflictos y se ha vendido, por el contrario, que el Estado, a través de los jueces, tiene esa facultad omnímoda".

Para fomentar la mediación, sostiene el magistrado, el Estado debe darle un "impulso legislativo" en derecho procesal -donde las competencias están centralizadas-, porque en aquellos ámbitos que pueden ser regulados por las comunidades autónomas, como familia o bienestar social, es donde actualmente está funcionando mejor.

En opinión de Ortuño, la mediación puede fomentarse a través de "prácticas o protocolos en los tribunales, como sucede en el mundo anglosajón", pero en países que se basan en un sistema de sujeción absoluta a la norma procesal, donde el tribunal no tiene capacidad o ésta es muy limitada, son necesarias reformas legislativas.

Un ejemplo "clarísimo" de la necesidad de apostar por vías alternativas a la justicia en la resolución de conflictos es el colapso de los juzgados especializados en demandas por condiciones hipotecarias abusivas, a raíz de la sentencia del Supremo que anuló las cláusulas suelo.

En ese ámbito, Pascual Ortuño apuesta por mecanismos previstos en derecho comparado que obligan a que antes de la judicialización de un asunto exista un "proceso de negociación entre las partes implicadas", que en el caso de las cláusulas hipotecarias abusivas podría ser entre las asociaciones de consumidores, los usuarios y el área ministerial correspondiente.