El juez del caso Villarejo ha citado el 16 de diciembre al exsenador del PSOE Francisco Rodríguez Martín al que investiga en la pieza 25 de esta causa en relación con el encargo que supuestamente hizo la empresa de detergentes Persán al excomisario Villarejo para espiar al exdueño de la constructora Martín-Fadesa.

En una providencia, a la que ha tenido acceso Efe este miércoles, el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, le emplaza para tomarle declaración ese día como imputado junto a otros dos investigados: el expresidente de Persán José Moya y Leticia Sánchez Mendoza.

Además, ese mismo día también ha sido llamado a declarar como testigo Antonio Fernández López, un alto ejecutivo que fue consejero en Persán.

Esta pieza del caso se abrió el pasado 10 de enero y hasta hace poco ha permanecido secreta. En ella se investigan presuntos delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos en relación al denominado proyecto Saving.

Según el periódico "El Mundo", que tuvo acceso al sumario, el objetivo del encargo de Persán era el de mejorar la posición jurídica y negociadora del grupo empresarial presidido por José Moya Sanabria en relación con un reconocimiento de deuda relacionado con Fernando Martín, exdueño de Martinsa-Fadesa.

En la pieza figuran como imputados, Villarejo, su socio en Cenyt Rafael Redondo, el expresidente de Persán (como cliente contratante) y el exsenador socialista, al que llamaban Curro y al que se considera el intermediario entre el excomisario y Persán.

Se calcula que el precio del encargo pudo oscilar entre 375.000 euros y 1.200.000 euros.

Para la labores de espionaje, según el sumario, se analizó de forma ilegal el tráfico de llamadas de una decena de personas y se obtuvieron datos censales y personales de terceros de forma subrepticia.

El proyecto Saving tiene su origen en la llamada Operación Fadesa, "formalizada mediante contrato en diciembre de 2007 que concedía a José Moya Sanabria derecho de opción de venta frente a Fernando Martín sobre un paquete de acciones de Martinsa".

La opción de venta se ejercitó por José Moya el 14 de mayo de 2010 pero en julio de 2008 Martinsa-Fadesa decretó suspensión de pagos y declaración voluntaria de concurso de acreedores.

Moya ejercitó entonces diversas acciones para reclamar el crédito sin éxito, y sospechó que podía deberse a "algún tipo de influencia por parte de Fernando Martín y su círculo sobre el juez, los administradores concursales e incluso los interventores", por lo que en 2011 decidió recurrir a los servicios del excomisario.

Un archivo de audio intervenido a Villarejo, denominado Saving-11.8.4, refleja el papel que desarrolló el exsenador del PSOE, persona de la entera confianza de José Moya, "no solamente como intermediario inicial" entre Persán y Villarejo, sino como asesor del encargo presuntamente ilegal.

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El sumario también revela que fue el comisario Enrique García Castaño, el Gordo, quien recomendó al exsenador los servicios de José Manuel Villarejo. "El Gordo me dijo que con Curro a muerte", comentó el excomisario en uno de sus audios.