Prosigue la investigación sobre lo ocurrido el pasado viernes en Barbate donde dos guardias civiles fueron asesinados al ser arrollados por una narcolancha.

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Seis personas, entre ellas el piloto de la narcolancha, se encuentran en prisión y los jueces son contundentes: “el Estado de Derecho” dicen “está en quiebra en el Campo de Gibraltar”.

Como recoge Patricia Rosety, jefa de Tribunal de COPE, el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, Sergio Oliva, dice que “se trabaja con una estructura judicial del siglo XIX para luchar contra organizaciones criminales de narcotráfico”.

Piden al Gobierno un plan estratégico con más medios materiales y personales para luchar contra la lacra del narcotráfico, lo que tienen ahora es insuficiente.

Como señala Oliva “en los últimos años lo que hemos visto es todo lo contrario, como por ejemplo con el desmantelamiento del órgano de coordinación contra el narcotráfico de Andalucía. El trabajo que diariamente ejercen con honor y valentía los guardias civiles y la presión judicial sin medios materiales y sin medios personales mayores es insuficiente”.

La presión judicial y policial es fundamental para incautar la droga y para perseguir a los narcotraficantes

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