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HRW denuncia crímenes contra la Humanidad por el encierro indefinido de unos 130.000 rohingyas en Birmania

Europa Press

Tiempo de lectura: 3'Actualizado 11:28

Quienes malviven en los campos erigidos en 2012 lo comparan con un arresto: "No hay nada que se pueda considerar libertad"

Unos 130.000 rohingyas permanecen recluidos "en condiciones inhumanas" en campamentos al aire libre en el estado birmano de Rajine, según un informe de Human Rights Watch (HRW) en el que se acusa a las autoridades del país asiático de 'apartheid' y persecución, delitos ambos considerados crímenes contra la Humanidad dentro del Derecho Internacional.

Los abusos se remontan a 2012, cuando una "limpieza étnica" derivó en actividades de segregación y confinamiento que afectaron a los rohingyas y, en menor medida, a los kaman, también musulmanes. HRW ha investigado la situación en 24 de los campos erigidos y ha concluido que estas instalaciones carecen de los derechos y servicios más básicos.

"El campo no es un lugar habitable", reconoce un rohingya a HRW, al hablar de un tipo de enclaves con mayores tasas de desnutrición, de enfermedades prevenibles y de mortalidad infantil que en otros puntos de Rajine. Quienes los conocen dicen que es una especie de arresto domiciliario, donde los movimientos son limitados y donde cualquier salida del recinto se castiga con todo tipo de abusos, incluida la tortura.

"No nos podemos mover libremente. No hay nada que se pueda considerar libertad", reza uno de los testimonios recabados por la ONG. Todos ellos tienen un punto en común: el deseo de los entrevistados de poder volver algún día a sus tierras y a sus casas. "Queremos volver a nuestras cosas", afirma uno de los internos en Ohn Taw Gyi.

La investigadora Shayna Bauchner denuncia que "el Gobierno de Birmania ha internado a 130.000 rohingyas en condiciones inhumanas durante ocho años, sin acceso a sus casas, tierras y formas de vida, con poca esperanza de que las cosas vayan a mejorar".

De hecho, ninguno de los rohingyas entrevistados considera que su detención va a terminar algún día o que al menos sus hijos podrían llegar a moverse libremente. Una mujer dio por hecho que el sistema es "permanente" y que "nada cambiará", ya que las promesas "son solo palabras" por ahora.

PROMESAS VACÍAS

El Gobierno anunció en abril de 2017, ya bajo mando de la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, que comenzaría a cerrar los campamentos y en noviembre de 2019 aprobó un protocolo para ofrecer soluciones sostenibles. Sin embargo, el problema no solo no se ha resuelto sino que se han erigido construcciones permanentes junto a los campos improvisados.

"Las aseveraciones del Gobierno de que no está cometiendo graves crímenes internacionales no sirven de nada hasta que no corte la alambrada de espinas y permita a los rohingyas volver a sus casas, con plenas protecciones legales", ha advertido la investigadora de HRW en un comunicado.

Bauchner ha acusado al Ejecutivo que dirige 'de facto' Suu Kyi y a las Fuerzas Armadas de crear estos campos para "hacer insoportable la vida de los rohingyas", por lo que ha instado a la comunidad internacional a "presionar" a las autoridades birmanas para que respeten los Derechos Humanos y hacer que rindan cuentas por este "régimen de 'apartheid'".

SITUACIÓN EN BANGLADESH

Los ecos de los campos de detención en Rajine también llegan al otro lado de la frontera, a Bangladesh, donde viven casi un millón de refugiados. Más de 700.000 rohingyas huyeron a territorio bangladeshí tras la ola represiva de agosto de 2017, en la que investigadores de la ONU detectaron una "intención genocida" por parte de las fuerzas birmanas.

El Gobierno de Birmania ha prometido que trabajará para garantizar el retorno de estos refugiados, pero algunos de ellos citan precisamente la existencia de los campos de detención como motivo para no volver. "Sabemos que aún hay miles de rohingyas en campos de detención en Birmania", afirma un refugiado.

"Si estas personas son liberadas y pueden volver a sus pueblos, entonces sabremos que es seguro volver y volveremos a casa", añade.

La situación, sin embargo, no muestra visos de mejorar a corto plazo. La pandemia de coronavirus y el aumento de los combates entre las Fuerzas Armadas birmanas y la guerilla del Ejército de Arakan han hecho aún más inestable la situación en Rajine durante los últimos meses.

Tampoco se prevén cambios de cara a las elecciones de noviembre, en las que los rohingyas seguirán sin tener derecho a presentarse como candidatos y a votar, un efecto colateral de la apatridia que sigue sin resolverse pese a los reiterados llamamientos de las organizaciones en defensa de los Derechos Humanos.

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