La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha dirigido este lunes una operación contra el blanqueo de capitales relacionado con el delito contra la salud pública y ha ordenado el registro de la casa de Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont y del narcotraficante Sito Miñanco. El polémico letrado del expresidente de la Generalitat ha estado siempre vinculado a la polémica e, incluso, fue condenado por ayudar en un secuestro de la banda terrorista ETA.

Gonzalo Boye Tuset nació en Viña del Mar (Chile) en 1965. Su padre era un conocido periodista contrario a Pinochet y su madre, una licenciada en Derecho de ascendencia catalana, según cuenta El Mundo. Con sólo 18 años se fue a vivir a Europa. En  Heidelberg estudió dos carreras  (Economía y Ciencias Políticas), aunque no llegó a licenciarse en ninguna de ellas. 

En 1987 llega a España y cinco años después es detenido acusado junto a otros tres ciudadanos chilenos de pertenecer al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que en Chile practicaba el terrorismo contra la dictadura de Pinochet, y de haber participado en dos secuestros llevados a cabo por ETA: los de los empresarios Emiliano Revilla (1988) y Diego Prado y Colón de Carvajal (1983). Boye fue sólo condenado en firme por colaborar en el secuestro de Emiliano Revilla dentro de un grupo asociado al MIR al que ETA subcontrató para ayudarle en la vigiliancia del empresario. 

Fue condenado a 14 años, ocho meses y un día, aunque siempre defendió que era inocente. Además, nunca ha pagado su parte de la indemnización para la familia.  Estando en prisión se matriculó en Derecho por la UNED y empezó a ejercer cuando salió en 2002 a la calle. En su nómina de clientes aparecen Sito Miñanco, el histórico capo de la droga; las empresas ligadas al entramado de Marcial Dorado; o, en Colombia, Piedad Zuccardi, acusada de nexos con una organización criminal de extrema derecha. También fundó la revista satírica Mongolia, de la cual se desligó hace poco. 

 En el año 2016, el director y productor español Sebastián Arabia, hizo una película documental sobre su vida. Su interés fue nulo: 37 espectadores en cines. Un año después cogió mayor protagonismo al convertirse el abogado de Carles Puigdemont, cuando ya se encontraba huido de la Justicia en Bélgica. Desde entonces, abandera junto a su cliente la causa independentista y ha emprendido acciones muy cuestionadas. En septiembre de 2018 fue acusado de manipular la demanda contra el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Una infracción muy grave, como se recoge en el artículo 84 del Estatuto General de la Abogacía, pudiendo llegar a aplicarse sanciones disciplinarias que implicarían la suspensión del ejercicio de la Abogacía o la expulsión del Colegio profesional.