Carles Puigdemont ya tiene claro que no cuenta con el apoyo del Parlamento Europeo que ha decidido levantar la inmunidad bajo la que se ampara para seguir en Bélgica junto a los consejeros Clara Ponsatí y Toni Comín, que han corrido la misma suerte.

Sin inmunidad, Puigdemont, Comín y Ponsatí no van a dejar de formar parte de la eurocámara. Pero el paso de hoy es muy importante porque España puede reactivar la euroorden de arresto y entrega a la justicia española, congelada ahora mismo. El delito de sedición y el de malversación (en los casos de Puigdemont y Comín) que les imputa el Tribunal Supremo volverían entonces a la palestra.

Como también lo haría Bélgica. El país en el que se encuentran los tres encausados desde 2017 y que supone la gran esperanza que todos ellos tienen para que su situación no cambie aunque pierdan la inmunidad. Porque, hasta ahora, España se ha encontrado con tres negativas para conseguir la extradición. Y, al borde de una cuarta, merece la pena hacerse algunas preguntas. Cuyas respuestas arrojan pocas luces y muchas sombras sobre una posible vuelta del otrora mandamás de la Generalitat a suelo español.

¿Qué es una extradición?

Se trata del “procedimiento por el que las autoridades de un Estado hacen entrega de una persona a las de otro que la reclaman para que pueda ser enjuiciada penalmente en este segundo o cumpla en él una pena ya impuesta”, según indica la RAE. Es lo que pide España a Bélgica: la entrega de Puigdemont, Comín y Ponsatí para poder procesarles por el 1-O. Algo que no se ha conseguido hasta la fecha y que nos lleva a la siguiente cuestión.

¿Por qué Bélgica no extradita a Puigdemont y compañía?

Primero, porque lo que allí se entiende por sedición se parece más al desacato judicial y requiere violencia, desorden público: la pequeña diferencia es más grande de lo que parece a la hora de decidir si se acepta o no la orden de detención española.

Después, y sobre todo, por la mala relación judicial entre ambos países. Esta viene dándose desde los años 90, cuando algunos miembros de ETA fugados de España acabaron en Flandes cuando ya no podían refugiarse en Francia.

Sin olvidar que algunas autoridades belgas del máximo nivel (su exprimer ministro, su viceprimer ministro, el presidente del Parlamento de Flandes, el Fiscal del Rey...) llegaron a criticar la actuación española en el 1-O. Incluso se afirmó que nuestro país no es un Estado de Derecho, con unos tribunales faltos de independencia y credibilidad y ciertas decisiones que atentan (según Bélgica) contra los derechos humanos. Sería el caso de lo ocurrido con el procés.

Además, no hay que infravalorar la gran influencia de los partidos flamencos (que promueven el independentismo) en Bélgica. Empáticos con la causa etarra en su momento y ahora también con la catalana.

¿En Bélgica siempre se han negado las extradiciones españolas?

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Sí en el caso de los independentistas catalanes, con el exconseller Lluís Puig como último exponente: el juez belga entendió que el Supremo no tenía competencia para emitir su orden de detención.

No en lo que respecta a otros fugados españoles. Como se pudo comprobar, por ejemplo, en noviembre de 2020, con la etarra Natividad Jáuregui. Residente en Gante y tras casi cuatro décadas huida (vivía en Bélgica desde 2003), acabó por ser entregada a España: la Audiencia Nacional llevaba años reclamándola para juzgarla por el asesinato del teniente coronel Ramón Romeo Rotaeche en 1981.

El cambio de tendencia vino dado por la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a Bélgica al haber rechazado la extradición hasta tres veces. Sucedió en julio de 2019, cuando desde Estrasburgo se apuntó que la justicia belga no había investigado lo suficiente si en España iban a violarse los derechos fundamentales de Jáuregui.

Se da la curiosa circunstancia de que el abogado de Natividad Jáuregui es el mismo que el de Puigdemont, Comín y Ponsatí: Paul Bekaert. Más que curtido, como se puede comprobar, en lo que respecta a extradiciones fallidas entre España y Bélgica.

¿Bélgica se comporta así con otros países?

El propio Bekaert y su hijo Simon, también abogado, lo explicaron en su momento en una conversación con VICE: “Desde su fundación, Bélgica ha sido un refugio seguro para quien se sale de lo normativo. La tradición de dar asilo a los disidentes políticos empezó en el siglo XIX. Karl Marx y Victor Hugo vivieron su exilio en Bruselas. A menos que los exiliados fuesen por ahí predicando constantemente la causa, se les permitía quedarse”.

“El emperador Napoleón III orquestó un golpe de Estado en Francia a mediados del siglo XIX y presionó a Bélgica para extraditar a los disidentes franceses que estaban luchando contra él desde Bruselas, pero la respuesta de Bélgica siempre fue negarse. Aquí, la negativa a la extradición es una tradición”, contaron también a la publicación.

Los Bekaert aportaron otro par de ejemplos relativos a las ofensas a la Corona, por el caso del rapero español Valtònyc, otro exiliado en Bélgica para evitar a la justicia española: “El emperador Carlos V, rey de España en aquel entonces, en una ocasión atacó Gante porque los habitantes le habían ofendido y no habían pagado los impuestos pertinentes. Más recientemente, el líder socialista Edward Anseele, durante una huelga de trabajadores, culpó al rey Leopoldo II por el genocidio del Congo; una acusación que, por supuesto, era cierta. Lo siguiente que se supo fue que Anseele fue procesado por difamar al Rey: le sentenciaron, pero terminó siendo el alcalde de Gante y, más tarde, ministro de Estado. Teniendo todo esto en cuenta, la respuesta del tribunal de Gante volvió a ser la siguiente: 'No extraditamos por ofensas a la familia real'”.

¿A qué se agarra Bélgica para no aplicar la euroorden contra Puigdemont?

Si la sedición estuviese entre los 32 delitos que obligan a aplicar la extradición de forma automática, Bélgica no tendría más remedio que ceder ante las reclamaciones españolas. Como no es el caso, todo depende del criterio de la justicia del país en el que se encuentre la persona o personas en cuestión. Una doble tipificación que hasta ahora no ha llegado a buen puerto, pues no se comparte el criterio español con respecto al delito que se juzga en los casos de Puigdemont, Comín y Ponsatí.