La Fiscalía se opone a que un tribunal popular juzgue el caso de los preparativos del referéndum del 1-O, como han pedido las defensas de varios de los imputados, que alegan que el delito de malversación que se investiga en la causa es competencia del jurado.

En un escrito, a que ha tenido acceso Efe, el ministerio público impugna el recurso presentado por las defensas argumentando que la jurisprudencia impide que los tribunales populares juzguen los delitos de malversación cuando estos concurren también con los de prevaricación administrativa.

La Fiscalía invoca en su escrito un acuerdo jurisdiccional del Tribunal Supremo, que establece que el jurado no juzgará el delito de prevaricación, aunque éste resulte "conexo" a otro competencia del jurado.

En ese sentido, subraya el ministerio público que la causa abierta por los preparativos del referéndum se incoó a raíz de denuncias presentadas por VOX y Societat Civil Catalana -a raíz de las revelaciones del exsenador de ERC Santi Vidal en sus conferencias- por varios delitos, entre ellos el de prevaricación.

Para el ministerio público, los indicios de prevaricación en la causa del 1-O "se encuentran íntimamente unidos" con los de malversación de caudales, desobediencia y revelación de secretos, dado que "para poder realizar una disposición de gastos ilegal o para el tratamiento u obtención de datos personales para los que no se está autorizado se requiere que se haya producido un acto administrativo o una resolución que lo autorice".

La Fiscalía defiende que en el caso del 1-O existe una "indisolubilidad del contenido", por lo que no se puede proceder a la división del caso, como ocurriría a su parecer si se tramite "por un lado del delito de prevaricación y por otro del resto de delitos investigados".

"El delito de prevaricación es un delito especial propio, pero se halla en conexidad clara con las restantes conductas, las cuales no podrían haberse realizado sin el marco aparentemente reglado y normativo que les proporcionaba la actuación o resolución administrativa previa y arbitraria", señala.

En su escrito, la Fiscalía enumera los indicios de delito que a su entender figuran en la causa, entre ellos los de que el Govern usó los datos del registro de población de Cataluña del Idescat para organizar el referéndum, como demuestra, en su opinión, el hecho de que el director de esa entidad, el imputado Francesc Udina, envió el abril de 2017 un archivo con esos datos al Departamento de vicepresidencia, competente en consultas no referendarias.

La fiscal también ve delito de malversación en el hecho de que el ex secretario general de Asuntos Exteriores Aleix Villatoro autorizara al exrepresentante del Govern ante la Unión Europea Amadeu Alfataf a contratar por 167.065 euros al Hague Centre for Strategic Studies para desplegar una "estrategia de acción exterior" en Europa.

Otros indicios que para el ministerio público apuntan al delito de malversación son la campaña de registro de catalanes en el exterior, que costó 80.440 euros, y la publicación de la campaña para promover el referéndum.

La Fiscalía rebate además las críticas de algunas defensas a la causa del 1-O y sostiene que "no se puede denominar causa general a lo que sí es causa compleja, con muchas personas investigadas y numerosos delitos, además de que los hechos que se denunciaban como anunciados en el comienzo de las actuaciones se han ido concretando y haciendo realidad".