La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que rechace los incidentes de nulidad presentados por las defensas de los acusados del "procés" contra la sentencia que les condenó a penas de entre 9 y 13 años por sedición, al considerar que no se han vulnerado ninguno de sus derechos.

En su escrito, el ministerio público reprocha a algunas defensas que usen el incidente de nulidad para cubrir "un trámite" para ir al Tribunal Constitucional en amparo e incluso censura que intenten "construir artificialmente una apariencia de parcialidad" en el tribunal del "procés" que "sirva en instancias distintas para minar la credibilidad e imparcialidad del tribunal".

Este último argumento lo esgrime la Fiscalía en respuesta a la defensa de Jordi Cuixart -que considera que no le ha juzgado un tribunal imparcial-, consciente de que el líder de Òmnium Cultural, como todos los demás condenados, agotará todas las vías y acudirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) después de pasar por el Constitucional.

Varios de los condenados alegaron también que se había vulnerado su derecho de reunión y a la libertad ideológica y de expresión, pero los fiscales sostienen que "esos derechos no sufrieron, pues no cabe expresión del derecho al margen de la ley".

"No eran derechos, eran levantamientos hostiles contra las resoluciones judiciales", "actuaciones delictivas de extraordinaria gravedad contra el orden público", recalcan en uno de los escritos.

Partidarios de haber condenado a penas más duras por rebelión, los fiscales insisten en algunos escritos de que los acusados vulneraron el orden constitucional y no solo el orden público, si bien en otros admiten que en la aplicación del delito de sedición existió "pulcritud dogmática y respeto al principio de legalidad".

Señalan que en el otoño de 2017 en Cataluña "existió un levantamiento multitudinario, generalizado y proyectado de forma estratégica" con "actos de alzamiento público y violento, pensados y diseñados de antemano" para "impedir por la fuerza y fuera de las vías legales la aplicación de la ley y el cumplimiento de resoluciones judiciales".

Los fiscales mencionan la "lamentable situación" producida por las filtraciones previas a que se hiciese pública la sentencia y "la pérdida de confianza" en la Justicia que ello genera, si bien indica que el texto de ésta no apareció en los medios, sino que éstos avanzaron una condena por sedición, "se ignora si con conocimiento del texto o en mera hipótesis aventurada". Aun así, para la Fiscalía, este episodio no condicionó la independencia del tribunal.

Sí reconoce la Fiscalía una "equivocación" en los hechos probados de la sentencia -que atribuyó a la exconsejera de Trabajo Dolors Bassa las competencias en Educación y determinadas actuaciones para mantener abiertos los colegios el fin de semana del 1-O-, pero considera que se trata de "un mero error material" que no incide en el juicio de culpabilidad.

La sentencia del "procés" condenó a 13 años de cárcel a Oriol Junqueras y a penas de entre 9 y 12 años a Carme Forcadell, los Jordis y a cinco exconsellers por sedición, en tanto que a los exconsejeros Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs les condenó a penas de inhabilitación.