La Fiscalía de Sevilla ha presentado una denuncia contra las antiguas cúpulas de los sindicatos CCOO y UGT en Andalucía, a las que atribuye un presunto delito de malversación por no devolver a la Junta de Andalucía 6,7 millones de euros recaudados con la gestión de las residencias de tiempo libre.

En la denuncia que ha remitido a los juzgados de Sevilla, según adelantó Diario de Sevilla y han confirmado fuentes del Ministerio Público a Efe, el fiscal expone que entre 2003 y 2006 CCOO-A presuntamente se apropió de 4.025.433 euros y UGT-A, de 2.699.365, según un informe de la Guardia Civil.

Los denunciados por parte de CCOO-A son sus ex secretarios generales Julio Ruiz y Francisco Carbonero y las exsecretarias de Servicios Juana Mancilla y Maribel Hernández, mientras que en UGT-A lo son el ex secretario general Manuel Pastrana y el exsecretario de Administración Federico Fresneda.

La Fiscalía también señala a Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera, ex directores generales de Trabajo de la Junta, a los que acusa de prevaricación administrativa por omisión porque su obligación era que los sindicatos ingresaran el dinero en las arcas públicas y no lo hicieron.

La Fiscalía incoó diligencias de investigación después de una denuncia presentada en julio de 2019 por la Junta, cuyo gabinete jurídico apreció "indicios de un delito de grave de malversación".

Las residencias vacacionales de la Junta eran gestionadas por las organizaciones sindicales, que recaudaban el importe de la estancia de trabajadores públicos en estos centros e ingresaban el dinero en sus cuentas, aunque sólo podían quedarse el 20 % de lo obtenido por los gastos de gestión, ya que el 80 % restante era para la Administración.

La Junta había calculado inicialmente en 7,4 millones el importe que los sindicatos recaudaron de trabajadores que veranearon en estas residencias entre 2000 y 2006.

La gestión de estos centros corrió a cargo de CCOO y UGT hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el Tribunal Supremo, tras un recurso presentado por el sindicato USO, anularon esa exclusividad en 2005.

La liquidación dejó un saldo a favor de la Junta de 3,2 millones que debía pagar CCOO y 1,8 millones por parte de UGT, pero ambos sindicatos, a los que Guerrero notificó el importe en 2006, "desoyeron de manera contumaz los requerimientos de pago" y ningún exdirector de Trabajo hizo algo para conseguir la devolución de esas cantidades.

El Gobierno del PSOE-A acudió a la vía contenciosa-administrativa para recuperar el dinero, pero el TSJA consideró en 2017 que las posibles responsabilidades ya habían prescrito.

La Fiscalía considera que el presunto delito no ha prescrito por la vía penal, aunque sí admite que la posible responsabilidad de Guerrero, Ruiz y Mancilla ya no puede ser castigada. EFE

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