La Fiscalía pide cinco años de cárcel para el exconcejal de CiU en Barcelona Antoni Vives, acusado de contratar ilegalmente en Barcelona Regional a un exalcalde convergente, que en cuatro años se embolsó presuntamente 155.067 euros sin desempeñar ningún trabajo en la empresa municipal.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, el ministerio público acusa de Vives, al exdirector general de Barcelona Regional Guillermo Muller y al exalcalde de Cervelló (Barcelona) Jesús Arévalo de un delito de falsedad documental, en concurso con prevaricación y malversación de caudales, y pide cinco años de prisión para cada uno de ellos.

La Fiscalía sostiene que Vives -investigado en el "caso 3%", el presunto pago de comisiones ilegales a CDC- se puso de acuerdo con Muller para contratar "ficticiamente" a Arévalo entre los años 2012 y 2015, después de que este se lo solicitara a su partido para "completar su remuneración anual" tras ser elegido alcalde.