Expertos citados en el Congreso para analizar el proyecto de ley de eficiencia procesal, que busca agilizar la justicia, han exigido cambios para evitar que la mediación se convierta en papel mojado o que las videoconferencias y la desaparición de vistas alejen aún más a los ciudadanos de los juzgados.

"Una ley que no tiene fecha de entrada en vigor es papel mojado", ha manifestado ante la Comisión de Justicia el director general de la Asociación Española de Mediación, Jesús Lorenzo, quien ha advertido de que uno de los ejes de la ley, la apuesta por los medios alternativos de resolución de conflictos, queda a la espera de que se apruebe en el futuro un "estatuto del tercero neutral".

A su juicio, la mediación puede empezar a funcionar ya, con más de 8.311 mediadores registrados en el Ministerio de Justicia, aunque ha cuestionado también que deba ser obligatoria y ha abogado por un modelo flexible, en el que lo obligatorio sea acudir a una sesión informativa, antes de decidir si se va a juicio.

Tampoco ha compartido un modelo de mediación obligatoria el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense Julio José Banacloche, muy crítico con una ley que ha calificado, en algunos aspectos, de "chapuza legislativa".

A su entender, en la mayoría de los casos, la obligatoriedad de la mediación solo supondrá un mayor coste económico y más retrasos.

En opinión de este catedrático, está claro que el proyecto de ley ha sido redactado por jueces, situados en la cúpula del Ministerio de Justicia, y para jueces, ya que para agilizar la justicia deja en sus manos o generaliza la celebración de juicios telemáticos o la desaparición de vistas, medidas que alejarán a los ciudadanos del sistema.

Supone, ha señalado, "un torpedo en la línea de flotación" del artículo 120 de la Constitución, que establece que las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes; que el de procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal; y que las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública.

La mayoría de los portavoces han prometido analizar sus críticas, aunque el diputado socialista José Luis Soto ha defendido que se trata de una reforma "valiente y atrevida" y ha señalado que todo cambio de cultura conlleva reticencias.

Antes de los dos expertos ha comparecido el secretario general para la Innovación y la Calidad de Justicia, Manuel Olmedo, quien ha desgranado el proyecto y ha admitido que la mediación no acabará con la congestión de los juzgados, pero sí permitirá llegar a acuerdos. "Y un acuerdo ya es un triunfo", ha señalado. EFE

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