ERC y la CUP han coincidido hoy en reclamar al PSOE y a su gobierno que eviten "un juicio injusto" contra los líderes independentistas catalanes y que estos no tengan que esperar "5 u 8 años en prisión" antes de que el Tribunal de Estrasburgo dicte una sentencia similar a la del caso Otegi.

En sus respectivas ruedas de prensa de los grupos parlamentarios de ERC y la CUP sus portavoces han aludido a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en la que se condena al Estado español por considerar que, en la causa judicial contra Arnaldo Otegi y otros cuatro dirigentes de la izquierda abertzale, los acusados no tuvieron un juicio justo.

En la sentencia del Tribunal de Estrasburgo se reprocha al Estado español que no atendiese la petición de recusación por parcialidad de la jueza de la Audiencia Nacional Ángela Murillo que presentaron los acusados en el juicio celebrado en 2011.

Según la portavoz de ERC en el Parlament, Anna Caula, "hoy hemos visto que, mientras se llamaba a declarar a un conseller y una alcaldesa por permitir votar en el referéndum del 1-O, el Tribunal de Estrasburgo ha sentenciado contra la justicia española porque el juicio contra Otegi no fue justo, así de claro".

"Que dicho tribunal internacional vulva a decir que el Estado español vulnera los derechos fundamentales no es algo que, por esperado, tengamos que restarle importancia, puesto que constituye un nuevo fracaso de la vía represiva y de judicialización de la política", ha afirmado Anna Caula.

Según la portavoz republicana, "no es la primera vez, hay otras sentencias similares, como las de los casos Otamendi o Atutxa, y ya advertimos al Gobierno del PSOE que no estamos dispuestos a aceptar que los presos políticos catalanes tengan que esperar 5 u 8 años años en prisión hasta que se dicte otra sentencia del Tribunal de Estrasburgo".

"Le pedimos al PSOE -ha añadido Anna Caula- que reflexione y que se pregunte si merece la pena que el Estado español tenga que ser condenado una y otra vez por vulnerar los derechos fundamentales, por permitir que en su sistema judicial prevalezca el castigo y la venganza política".

Caula ha instado al Gobierno a reclamar a la fiscalía que "retire las acusaciones falsas contra nuestros líderes políticos, y que no haga el ridículo en el ámbito internacional, sosteniendo delitos que no existen, inventándose un relato ficticio y permitiendo un proceso judicial lleno de irregularidades".

Según la portavoz de ERC en el Parlament, "resulta triste constatar que al Estado español no le importe destruir su estado de derecho y provocar el desprestigio de su sistema democrático si con ello puede garantizar la unidad del reino".

Anna Caula ha recomendado al gobierno de Pedro Sánchez que "sea valiente y se siente a negociar con el gobierno catalán, que demuestre con hechos que el PSOE es un poco diferente al PP".

En sentido análogo se ha expresado el diputado de la CUP Vidal Aragonès, que ha precisado la importancia de que el TEDH especifique en la sentencia sobre Otegi que "ha sido vulnerado el artículo 6.1 del Convenio de Derechos Humanos y también el derecho que tiene todo ciudadano europeo a tener un juicio justo".

"¿Qué se puede esperar del conjunto del sistema judicial español?", se ha preguntado Vidal Aragonés, "porque el Tribunal Constitucional es un organismo totalmente contaminado desde el punto de vista político, y el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional se han convertido también en unos tribunales eminentemente políticos".

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A su entender, éste es el precio a pagar por tener "al conjunto del aparato judicial al servicio de la represión, algo que es producto del régimen del 78 y su falta de separación de poderes".