El padre de Diana Quer, Juan Carlos Quer, ha lanzado un contundente mensaje a la ministra de Igualdad a través de su perfil oficial de Twitter. Con esta dureza se refería a ella: "Ministra de igualdad, la reparación del daño causado a una víctima que es violada y asesinada brutalmente empieza por aplicar a su asesino una pena a la altura del delito cometido, la prisión permanente revisable, que Podemos y PSOE pretenden derogar".

Junto a estas palabras, adjuntaba un artículo de El País que habla sobre la Ley de Libertad Sexual.

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Ministra de igualdad, la reparación del daño causado a una víctima que es violada y asesinada brutalmente empieza por aplicar a su asesino una pena a la altura del delito cometido, la prisión permanente revisable, que Podemos y Psoe pretenden derogar.
https://t.co/vVGWbqC67d

— Juan Carlos Quer - Oficial (@JcQuer) October 23, 2020

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Un tweet que alcanza los 47 retweets y los 113 'likes'. Una de las claves de la denuncia que lanza Quer es que esta nueva ley equipara a las víctimas de violaciones con las de violencia en pareja.

¿Cómo es la Ley que propone Montero?

El texto legal amplia el foco equiparando la Ley de violencia sexual a la de género y se adapta al Convenio de Estambul que convierte en clave el consentimiento para determinar una violación. Es el conocido “Sólo sí es sí”.

En ese ámbito, las novedades llegan ampliando la consideración de delito, incluyendo otros ámbitos distintos al de la pareja o de la ex pareja como el entorno laboral o los espacios públicos. El anteproyecto recoge el castigo con entre 1 y 4 años de cárcel los delitos contra la libertad sexual, penas que suben en función del tipo de delito y de la existencia de agravantes.

La ley también conlleva la creación de una red de servicios de información y asistencia integral especializada, con centros de crisis que atiendan a las víctimas las 24 horas del día. Para poder ejercer los derechos y acceder a los servicios, la acreditación de la existencia de una situación de violencia sexual no estará condicionada a la voluntad de la víctima de emprender acciones legales.