La Fiscalía ha alertado de un repunte de sus investigaciones por delitos de trata de personas, tanto con fines de explotación sexual, que "sigue siendo la preponderante", como los de explotación laboral, que se han duplicado, así como los que tienen como fin la comisión de delitos, que se han triplicado.

En el Día Mundial contra la Trata de Personas, la Fiscalía General del Estado ha distribuido una entrevista con Beatriz Sánchez, fiscal adscrita al Fiscal de Sala de Extranjería, en la que compara los datos sobre investigaciones por delitos relacionados con la trata de la última memoria de 2019 con los del año anterior.

Según la Memoria de la Fiscalía, las investigaciones por trata de personas con fines de explotación sexual pasaron a ser 131 en 2019, 57 más que en 2018, con lo que se duplicaron.

Lo mismo ha sucedido con las investigaciones por explotación con fines laborales, que pasaron a ser 28 frente a las 12 del año anterior, y en el caso de la explotación para la comisión de actividades delictivas, pasaron de 3 investigaciones en 2018 a sumar 8 más el pasado año, por lo que prácticamente se han triplicado.

En su entrevista, la fiscal especializada destaca que las principales víctimas de trata de seres humanos siguen siendo mujeres. "Más de un 98,27 % de las víctimas de trata de seres humanos de las que tenemos constancia en esta unidad son mujeres".

Un importante número de ellas, explica, son de nacionalidad nigeriana, pero este año se ha detectado un incremento "muy importante" de víctimas de nacionalidad venezolana, señala.

La fiscal recuerda también la relación indisoluble entre pobreza y trata, por lo que afecta "de una manera mayoritaria a aquellas personas que tienen una situación económica y social inferior a la que tienen otros países".

La entrevista también aborda el aumento de la vulnerabilidad de estas personas durante el estado de alarma y ha recordado que el confinamiento provocó que muchas de esas mujeres fueran expulsadas de los clubes de alterne y de carretera en los que ejercen la prostitución al tener que estar cerrados y "fueron dejadas a su suerte".

Por eso, según ha explicado, tanto las ONG que tienen por objeto la protección de estas víctimas y desde la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género se han tenido que elaborar "planes con medidas tanto asistenciales como de protección a otros niveles".

Por parte de la Fiscalía se ha trabajado "mano a mano con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las ONG especializadas para poder facilitar que fluyera la información y poder dar asistencia a estas mujeres".

"Otras fueron trasladadas y las ONG han perdido el contacto con ellas y no sabemos qué ha sucedido. Y otras muchas tuvieron que seguir ejerciendo la prostitución, obligadas por sus tratantes y explotadores, poniendo en peligro su salud y la salud del resto de ciudadanos", relata.

Otra preocupación durante el confinamiento han sido también "las víctimas de trata laboral y que estaban prácticamente trabajando por comida y cama".

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"Con la paralización de todas las actividades agrícolas e industriales y de todo tipo quedaron también sin posibilidad de tener recursos mínimos para poder subsistir", lamenta.

La fiscal también ve también con preocupación las "grandes desigualdades" que se derivarán de las crisis económica por la covid-19, "no sólo entre los ciudadanos españoles sino con aquellos que vienen de otros países".

"Cada vez que la crisis es más aguda y la desigualdad es mayor, la posibilidad de que unas personas que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad y necesidad sean explotadas aumenta de una manera creciente y progresiva", advierte.

Por eso teme "un repunte tanto de mujeres que vayan a estar en situación de explotación sexual como de hombres y mujeres que vayan a ser lamentablemente explotados en otros terrenos".

En cuanto a las dificultades que se encuentran estas personas a lo hora de denunciar, la fiscal recuerda que son mujeres y hombres que se encuentran con el temor de la intimidación que les han proferido previamente sus tratantes y explotadores.

"En muchos casos ellas creen que las que van a salir perjudicadas si denuncian son ellas o sus familias, que también están amenazadas".

A esto se une que los procedimientos "son largos, son penosos, a veces supone tener que declarar en diferentes ocasiones, y esto hace que se revictimice a estas personas".