Las formas y el fondo en las que el Gobierno de Sánchez ha aprobado este estado de alarma podría estar reñido con lo regulado en las leyes que se regulan los estados de alarma, excepción y sitio. Así lo relevan diversos expertos consultados por ABC, que ponen en duda la "cogobernanza" en la que está intentado moverse el Gobierno.

Según se recoge en el decreto de alarma aprobado este domingo en el consejo de ministros extraordinario, es el Ejecutivo de la Nación quien toma el control de la crisis como "autoridad competente" pero descarga en los presidentes de las comunidades todo el peso en un intento de convertirlos en "autoridad competente delegada".

Según explica el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, Ángel Sánchez Navarro, el Ejecutivo de Sánchez tenía dos caminos para afrontar esta nueva segunda ola. Una de ellas podría haber sido optar por decretar el estado de alarma con un mando único, al igual que se hizo en marzo, o legislar para que sean las comunidades hubieran podido aplicar las leyes que los tribunales les han echado atrás.

En esta idea ha estado recalcando en las últimas horas el Partido Popular, que pide al Gobierno que reforme las leyes sanitarias para no tener que recurrir a la excepcionalidad del estado de alarma.

El artículo 7 no lo contempla

Al igual que Sánchez Navarro, el catedrático de Derecho Constitucional y expresidente del Consejo Consultivo de la Comunidad valenciana considera que el artículo 7 de la ley orgánica que regula el estado de alarma impide que casi una veintena de presidente autonómicos tengan poder de decisión. "Los estados excepcionales son para tomar medidas excepcionales mientras dure una situación", explica a ABC.

Con este estado de alarma, lo que el seno del Gobierno ha intentado hacer es dar un sustento jurídico a todos los territorios para que puedan limitar derechos fundamentales de los ciudadanos, sin tener que esperar resoluciones judiciales que en muchas ocasiones han echado para atrás las medidas adoptadas.

Según explican, además, los juristas al periódico ABC se trata de una anomalía democrática que Sánchez busque prolongar el estado durante seis meses sin tener que pasar por la Cámara Baja. Según apuntan, esto podría ser "abusivo" e "inconstitucional", un debate que previsiblemente se mantendrá esta semana y que de momento el Gobierno cuenta con los apoyos de Ciudadanos y PNV, a la espera de lo que resuelvan PP y partidos independentistas.