La presidenta del puerto de Cartagena, Yolanda Muñoz, ha dimitido este viernes de su cargo, dos días después de que una jueza local incoara diligencias contra ella a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción de la Región de Murcia por irregularidades en la contratación.

Se le imputan los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, revelación de secretos y uso de información privilegiada, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios y falsedad de documentos públicos.

En un comunicado, dice que dimite "ante aquellos que pretenden aprovechar políticamente y sembrar confusión tras las denuncias presentadas", por las que también tendrá que declarar como investigado su antecesor en el cargo, Antonio Sevilla, exconsejero murciano de Obras Públicas y Ordenación del Territorio.

El auto de admisión a trámite de la querella señala que lo hace para que se investigue si pudieron participar presuntamente en prácticas corruptas en la adjudicación de obras y contratación de personal entre 2015 y 2021 junto a otros 9 investigados, entre ellos un antiguo director general y una jefa de área, que podrían haber facilitado información privilegiada a licitadores que participaron en varios concursos públicos, lo que les hubiera permitido concurrir en situación ventajosa.

Según la denuncia, esas supuestas actividades ilegales se habrían cometido no solo en la convocatoria de obras y servicios, sino también en la contratación de personal para el puerto.

Muñoz señaló este martes tras el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) que no dimitiría, como pidieron Podemos, el PSOE, Ciudadanos y la vicealcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, y que había encargado una auditoría interna y otra externa para despejar cualquier sombra de duda.

Este jueves lo reiteró después de que el portavoz del Gobierno murciano, Marcos Ortuño, dijera que estaba seguro de Muñoz estará a la altura de las circunstancias y tomará la decisión más adecuada y de que el pleno del Ayuntamiento de Cartagena aprobara también ayer pedir su dimisión el equipo de gobierno formado por una coalición del PP, Cs y expulsados del PSOE.

Los sindicatos UGT y CCOO en el puerto anunciaron que se personarán como acusación particular tras ser el comité de empresa de la APC el que denunció en julio de 2021 ante la fiscalía hechos irregulares tras conocer un expediente sancionador a un ingeniero.

Dos meses después denunciaron irregularidades en las licitaciones del proyecto de digitalización, mantenimiento del control de accesos y seguridad a la empresa, una compra de ordenadores con un contrato menor, la contratación de una jefa de división y los contratos a su consultoría, así como coacciones en varias licitaciones a ese ingeniero, que fue sancionado por desobediencia.

En 2022, UGT y CCOO comparecieron en la fiscalía para denunciar también irregularidades en la licitación de servicios y obras de infraestructuras para la semana cultural Vive tu Puerto 2021.

En julio pasado ampliaron la denuncia por represalias al ingeniero que no firmó lo que le pedían y por un amaño en el proceso de selección de la plaza de jefe de área de explotación, que se adjudicó al hermano del alcalde de Almería, del PP, Ramón Fernández-Pacheco, que ocupó ese cargo de 2015 a 2022.

Hoy es consejero andaluz de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz de ese Gobierno autonómico, además de secretario general de su partido en su provincia natal.

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También lo hicieron por posibles irregularidades en la privatización de los servicios informáticos y del mantenimiento eléctrico y de vehículos, en la contratación de empresas privadas para trabajos de delineación que hasta entonces realizaban los trabajadores de la APC, así como la de la hermana del alcalde de San Javier y secretario general del PP murciano, José Miguel Luengo, a través de una empresa externa, junto a prevaricación en los contratos de la bolsa de empleo para la Policía Portuaria. EFE

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