El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Las Palmas han desarticulado una organización criminal tras la detención de 43 integrantes que se dedicaban al tráfico internacional de residuos peligrosos a países africanos desde Gran Canaria.

Según ha informado este martes la Guardia Civil en una nota, la organización criminal obtuvo beneficios económicos de más de 1,5 millones de euros al trasladar 5.000 toneladas de residuos peligrosos de aparatos eléctricos.

La operación, denominada Fortuna, investigó durante el mes de noviembre y principios de diciembre de 2022 a los 43 integrantes de la organización por presuntos delitos contra el medioambiente, falsificación documental y pertenencia a organización criminal.

En el inicio de la investigación se detectaron cinco instalaciones clandestinas dedicadas a la gestión ilícita de residuos a lo largo de la isla de Gran Canaria, en donde se recogían, almacenaban, manipulaban y se cargaban residuos peligrosos de aparatos eléctricos para ser trasladados a países africanos, principalmente Mauritania, Nigeria, Ghana y Senegal desde el puerto de La Luz de la capital grancanaria.

Por ello, los investigadores de Las Palmas realizaron inspecciones y registros que llevaron a intervenir e inmovilizar en origen más de 300 toneladas de estos residuos y 14 contenedores que se encontraban preparados para su traslado.

Además, según el instituto armado, la organización criminal sustraía los residuos del cauce legal de gestión, para lo que contaban con una supuesta empresa gestora que falsificaba documentos de la procedencia y de la gestión.

Estos residuos, que están catalogados como peligrosos, al final de su vida útil tienen que ser entregados a un gestor autorizado para su correcta descontaminación ya que estos residuos cuentan con componentes que contienen mercurio, plomo, cadmio, arsénico, fósforo y gases que agotan la capa de ozono y afectan al calentamiento global.

En las instalaciones clandestinas clausuradas se vendían a los responsables de los traslados los residuos que posteriormente serían llevados a países africanos haciéndolos pasar por artículos de segunda mano.

En el curso de la investigación se detectó que más de 331 contenedores enviados de manera ilícita en los últimos dos años al continente africano fue gestionado y organizado por las mismas personas que proporcionaban la documentación falsa, necesaria para hacer pasar los residuos por artículos que habían sido sometidos a un proceso de descontaminación y reutilización.

De igual forma, se falsificaba la procedencia de los residuos para omitir que salían de las instalaciones clandestinas.

Para ello se falseaban los documentos de identificación de los residuos y se atribuía la procedencia a servicios técnicos y plantas de reciclaje.

Dentro de la organización criminal se encontraban empresas de residuos y servicios técnicos que certificaban la mercancía.

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Las diligencias, junto a los detenidos, quedaron a disposición de la Fiscalía Provincial Coordinadora de Medio Ambiente de Las Palmas.