El Defensor del Pueblo ha alertado de los "problemas y deficiencias" que enfrentan los registros civiles con dependencias obsoletas, faltos de personal y sin informatizar que conduce al "colapso" de estas oficinas, ahora en el punto de mira por las cifras sobre los fallecidos relacionados con la COVID-19.

En su informe anual, esta institución explica "las enormes disfunciones existentes a día de hoy" con estas oficinas públicas, más aun cuando "la Ley de Registro Civil de 2011 no ha entrado aún en vigor en 2020, lo que resulta extraordinariamente sorprendente" y tras haber recibido 881 quejas sobre la materia, de las cuales 623 se refieren a retrasos de expedientes de nacionalidad.

Dice el Defensor que "en este momento se puede calificar de saturación o colapso la situación en la que se encuentran numerosos registros y, por el momento, las medidas adoptadas no llevan consigo una verdadera renovación en el funcionamiento".

Habla de registros que "no están dotados con el personal necesario, no están informatizados en muchos casos y, además, sus dependencias han quedado obsoletas", por lo que "no reúnen las características que requiere una oficina pública del siglo XXI, pese a que los servicios que prestan son imprescindibles".

Y todo ello sucede cuando los registros están en boca de todos tras la petición del Ministerio de Justicia, que solicitó a los registros civiles las cifras sobre las licencias de enterramiento para conocer la incidencia real de fallecidos por COVID-19.

PP y Vox reclaman al Ejecutivo los datos de defunciones inscritas en los registros en estos últimos meses para compararlos con los de años anteriores y saber las muertes por coronavirus, ya que están convencidos de que Justicia tiene esos datos pero no los facilita.

Los Tribunales Superiores de Justicias de Castilla La Mancha y Castilla y León ha recibido informes que, en el segundo caso, eleva considerablemente la cifra de fallecidos en esta comunidad por COVID-19 y causas compatibles con la pandemia, es decir, con síntomas propios de coronavirus.

Al margen de esta cuestión, el Defensor denuncia los habituales retrasos en la Justicia, con una plantilla sometida a un alto "grado de estrés", además de reiterar "una nueva planta y demarcación judicial", la suficiente dotación presupuestaria y el fomento de los medios alternativos de solución de conflictos.

El informe refleja un incremento en el número de quejas sobre las demoras en los procedimientos judiciales (176 respecto a 150), así como en la tasa de litigiosidad o en la "tasa de congestión" de asuntos, que subió un 2,7 %, produciendo un "empeoramiento cuantitativo de la eficacia del sistema judicial.

Además, el Defensor lamenta que las recomendaciones que hizo sobre la cuestión de los bebés robados en 2018 han ofrecido "resultados poco esperanzadores" porque, entre otras, la Fiscalía no aceptó la creación de una fiscalía especial que coordinara todos los procedimientos que existían en todo el país ni se concedió la asistencia jurídica gratuita a las víctimas de esta materia. EFE