El Consejo Fiscal ha informado este jueves a favor del anteproyecto de ley de Memoria Democrática que le remitió el Consejo de Ministros, aunque lo ha hecho dividido porque casi la mitad de sus miembros se oponía al mismo, han informado a Efe fuentes fiscales.

El informe ha salido adelante con los cuatro votos de los vocales representantes de la Unión Progresista de Fiscales, del fiscal inspector y el de la fiscal general y con los cinco en contra de los vocales de la Asociación de Fiscales.

Los que la han apoyado sostienen que el informe es asumible por todos y da respuesta a los aspectos jurídicos de la norma, de modo que, para tratar de encontrar un consenso mayor, han renunciado a pedir mejoras en un proyecto legal que creen que "se queda corto".

Es "un paso en el camino de la verdad, justicia y reparación", pero echan de menos que en la ley se tuviera en cuenta a las víctimas de la represión de género o que se contemplara el acceso a archivos privados (de la Iglesia y de la Fundación Francisco Franco).

El anteproyecto debe ser informado también por el Consejo General del Poder Judicial antes de volver a la mesa del Consejo de Ministros y ser remitido a las Cortes.

La norma declarará "nulos de pleno derecho" los juicios sin garantías del franquismo y, según los cálculos del Gobierno, permitirá recuperar de las fosas unos 25.000 cadáveres de represaliados en cuatro años.

También prevé transformar el Valle de los Caídos en un cementerio civil en el que se rinda homenaje a las más de 30.000 víctimas de ambos bandos que reposan en la cripta, y prohibirá las fundaciones o asociaciones que reciban fondos públicos "que promocionen el totalitarismo o enaltezcan figuras dictatoriales", con la Fundación Francisco Franco en el punto de mira.

La supresión de todos los títulos nobiliarios relacionados con la dictadura, como el ducado de Franco, la retirada de condecoraciones a personas relacionadas con el régimen, un banco de ADN que facilite la identificación de los restos todavía pendientes de recuperación de fosas, y la creación de una Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo para proteger los derechos de las víctimas de la represión y la dictadura, son otras iniciativas que incluye la ley. EFE