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PP y Compromís acuerdan crear un tribunal administrativo valenciano de contratos públicos

Europa Press

Tiempo de lectura: 3'Actualizado 13:33

Salvo esta enmienda, quedan rechazadas todas las de la oposición a la ley de acompañamiento

PP y Compromís han acordado crear un tribunal administrativo valenciano de contratos públicos, un organismo que existe en comunidades autónomas como Navarra o Aragón y que evitaría a los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana tener que acudir al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

Se trata de la única enmienda transaccionada con la oposición a la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat para 2024, registrada por Compromís y aceptada por el PP. Se ha aprobado este martes en la comisión de Presupuestos de Les Corts, con el voto a favor del PSPV y la abstención de Vox.

Salvo esta enmienda parcial, el resto de las presentadas por Compromís se han rechazado gracias a la mayoría de PP y Vox, al igual que todas las del PSPV.

En la enmienda transaccionada, Compromís y PP proponen establecer la creación de este tribunal administrativo, por decreto del Consell en un plazo máximo de seis meses, como órgano especializado para revisar procedimientos de contratación del sector público.

Este tribunal, que se adscribirá a la conselleria con competencias en materia de contratación pública, actuará en el ámbito de la administración de la Generalitat, su sector público instrumental, los ayuntamientos y entidades públicas vinculadas o las universidades públicas valencianas.

ACUSACIONES CRUZADAS POR LA LEY DEL JUEGO

En general, los grupos del Consell y los de la oposición han vuelto a discrepar sobre sus enmiendas parciales, sobre todo por los cambios introducidos en la Ley del Juego de la Comunitat Valenciana a través del acompañamiento a los presupuestos.

Tanto socialistas como Compromís han acusado de nuevo al PP y a Vox de querer eliminar la distancia de 850 metros entre locales de juego y centros educativos.

José Muñoz (PSPV) ha denunciado esta "barbaridad" que "busca favorecer a los grandes operadores del juego", por lo que presentaron una moción en los ayuntamientos para que los grupos municipales se pronuncien. Además, ha criticado que los cambios se presenten "de forma absolutamente opaca" para según él evitar el proceso de participación pública.

Como síndic de Compromís, Joan Baldoví ha coincidido en que los 'populares' "pueden decir lo que quieran, pero dejan sin efecto la prohibición de 850 metros" establecida por el anterior gobierno del Botànic.

Por contra, el diputado del PP José Juan Zaplana ha subrayado que, con los cambios presentados junto a Vox, "en ningún caso se está aprobando que se creen nuevas casas de apuestas". "Que no intenten manipular y generar fango", ha enfatizado, ya que ha asegurado que la distancia de 850 metros se modificó en la tramitación de la ley "sin ningún informe técnico" que lo avalara.

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También ha sostenido que el Botànic no realizó el desarrollo normativo necesario de la Ley del Juego ni aprobó una estrategia para destinar las sanciones a la prevención de la ludopatía. "Y ahora dicen que se fomenta la ludopatía", ha afeado.

Respecto al resto de las enmiendas conjuntas con Vox que han salido adelante, Zaplana ha defendido que buscaban aportar seguridad jurídica, simplificar la burocracia y "una gran reforma fiscal en beneficio de todos los ciudadanos y a costa de la grasa de la administración y los enchufados del Botànic".

EL PP DESTACA LA RETIRADA DE LAS ENMIENDAS SOBRE À PUNT

Por otro lado, ha justificado la retirada de las enmiendas parciales sobre À Punt que anunció la semana pasada el 'president' de la Generalitat: "Carlos Mazón decidió, para demostrar que no tenemos ningún interés, retirar las enmiendas sin pedir nada a cambio, con la mano tendida. Compromís tendrá que ver si quiere coger esa mano o morderla".

Según el diputado del PP, estas enmiendas "generaron curiosamente demasiada alarma en determinados sectores", cuando querían "desaparecer el control político" en los órganos de la radiotelevisión pública valenciana porque algunos los presiden "un exalto cargo con Vicent Marzà" -exconseller de Educación- o un "hasta ahora asesor de la Conselleria de Transparencia".

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