El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este jueves por unanimidad el informe del anteproyecto de ley integral contra la trata y ha aplaudido sus medidas para proteger a las víctimas, pero ha alertado de que, sin un presupuesto adecuado, su puesta en marcha resultará "muy difícil".

El dictamen, según el comunicado difundido por el CGPJ, advierte en varias ocasiones de la necesidad de que la ley se acompañe de las medidas presupuestarias necesarias para garantizar "medios materiales y personales suficientes y adecuados" y considera "llamativo" que no se hayan detallado los importes necesarios para poner en marcha todo el sistema.

Solo se precisa el presupuesto para crear una Fiscalía especializada en trata y explotación de seres humanos, apunta.

La valoración general del anteproyecto diseñado por Justicia es no obstante favorable, desde la nueva regulación penal, al sistema que se crea para detectar posibles víctimas, su derecho a protección sin presentar denuncia y su derecho a ser indemnizadas, sin importar que regresen a su país de origen.

Destaca la reforma penal para poder actuar judicialmente contra los contenidos ilícitos en el ámbito digital y también la apuesta por promover programas de formación especializada para todo le personal de la administración de Justicia y para la abogacía, incluso con un turno de oficio específico para asistir a las víctimas de trata.

El CGPJ elogia el sistema que crea la ley para detectar posibles víctimas y derivarlas a los servicios específicos para su identificación y asistencia y resalta la fundamental labor de los intérpretes y traductores en los juzgados.

En este contexto, plantea la conveniencia de realizar las averiguaciones oportunas sobre esos intérpretes si se sospecha que pueden estar relacionadas con el entramado criminal, algo que no es inusual cuando se trata de traductores de dialectos poco habituales o conocidos, alerta.

El dictamen apoya la regulación de los derechos de las víctimas y considera de especial importancia que su acceso a protección y asistencia se desvincule de su denuncia y de su participación en la investigación penal, también a la hora de dejar en suspenso los expedientes sancionadores a quienes se encuentran en situación irregular.

El órgano de gobierno de los jueces, que ve imprescindible modificar la ley que regula la asistencia jurídica gratuita para garantizar que estas víctimas están cubiertas, sí dirige una "severa crítica" a la "desafortunada redacción" de los artículos que fijan la obligación de los juzgados de adoptar "con carácter urgente" las medidas necesarias para identificar y embargar los bienes de los presuntos autores, antes de que aquéllos puedan resultar inaccesibles.

"Atenta contra la independencia judicial de los magistrados instructores que () no pueden ser obligados con carácter genérico a la adopción urgente de dichas medidas", advierte.

Por contra, respalda la nueva regulación de la prueba preconstituida, para que las víctimas de trata, entre otras, no tengan que declarar sucesivas veces en los juzgados; y también que el juez no se vea obligado a desvelar la identidad de los testigos protegidos a petición de las partes.

Apoya asimismo la nueva tipificación de los delitos relacionados con la trata de seres humanos, los trabajos o servicios forzosos y la servidumbre o esclavitud.