Un sabor agridulce. Es la sensación que tiene José Luis tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo sobre el ‘procés’. Considera que él y su familia tuvieron que pagar un precio más alto que los independentistas condenados: “Los expertos ya están vaticinando que en Navidad podrían comerse los turrones en sus casas. Dan un golpe de Estado y les sale casi gratis”, lamenta.

Y es que José Luis se vio obligado en noviembre de 2017 a exiliarse de Cataluña para trasladarse a la localidad gaditana del Puerto de Santa María, ante el clima de tensión y división que se vivía en su entorno. No obstante, las consecuencias de su decisión continúan casi dos años después: “Seguimos sufriendo los tentáculos de la administración pública de Cataluña, porque no nos facilitan la documentación actualizada de mi formación y mis estudios, sin las cuales no puedo trabajar en Cádiz. También se niegan a facilitarnos los informes médicos de mi mujer. Solo nos mandaron un breve resumen en castellano y el resto en catalán, por lo que los médicos andaluces no lo entienden. Todo esto lo hemos denunciado a la Justicia. Gracias a la ayuda de la Junta de Andalucía y del Ministerio he conseguido algunos documentos, pero otros no.”

José Luis ha relatado en COPE.es cómo la Generalitat pretendía cobrarle el proceso de traspasar un curso formativo de neuro-educación del catalán al castellano: “Es algo tremendo.” 

El clima de tensión en Cataluña no llegó de un día para otro. De hecho, nuestro protagonista recuerda cómo en las elecciones generales de 2015, en la que resultó elegido vocal de una de las mesas electorales de su municipio, preguntó dónde estaba la bandera española. Recibió la callada por respuesta. Pero su pregunta dejó huella entre los asistentes, de manera que en el pueblo comenzaron a conocerle como “el españolito.” Se da la circunstancia además de que el hijo de José Luis es autista: “En nuestra calle y en el colegio sus compañeros no paraban de hacer caceroladas que le volvían loco. No aguantaba los ruidos.”

En el plano laboral, la situación tampoco mejoraba. José Luis, que también padece una discapacidad, nunca renunció a trabajar. En Cataluña recibió formación como teleoperador o en una compañía eléctrica. Una vez superada la prueba, comenzaron los malos gestos, bajo el pretexto de que su conocimiento del catalán no era el adecuado: “La presión que sufría era insoportable, y yo no tenía por qué aguantarla. De manera que antes de que fuera a más, pedí la rescisión del contrato.”

Pero el día que realmente José Luis sintió miedo fue el uno de octubre de 2017, la fecha del referéndum ilegal. Sin autorización previa, su nombre apareció en el listado electoral: “Pregunté a los Mossos por qué no ejecutaban el mandato judicial, y me amenazaron con callarme o de lo contrario me detenían por alteración del orden público. Me fui a mi casa asustado. No salí en todo el día.”

Una constante lucha por el castellano en las escuelas

Marina tiene ocho hijos. Ninguno de ellos domina perfectamente el castellano: “Hablan castañol”, nos confiesa. Es la consecuencia de que en las escuelas el castellano apenas supere las dos horas semanales, al igual que idiomas como el inglés o el francés. En quince años de denuncias, tan solo ha logrado que su hija pequeña estudie matemáticas en castellano: “Con razón cuando de vez en cuando los colegios mandan cartas a los padres en castellano, las faltas de ortografías son una constante. Cuando vas a enseñárselas al director, le pones la cara colorada. Pero es que con dos horas semanales no puedes aprender un idioma. Por dar dos horas clases en inglés no significa que ya lo hables.”

Uno de los hijos de Marina padece Síndrome de Asperger, lo que dificultó su aprendizaje, ya que todas las asignaturas se impartían en catalán: “Tras cinco años de denuncias, al final logré una sentencia favorable que determinaba que mi hijo tenía que recibir las clases en castellano.” Pero una vez más, Marina se dio de bruces con la incomprensión de los docentes: “Me comentaba que si el niño quería el libro en castellano, le tendría que sentar en el rincón del aula. Una discriminación clarísima.”

Por ello, Marina considera que la situación en Cataluña lejos de mejorar, empeora. Afirma que los constitucionalistas lo están pasando muy mal: “Lo más duro es ver cómo los gobiernos de Madrid, del PP y PSOE, siempre han preferido mirar para el otro lado para evitar conflictos. Hemos sido moneda de cambio, y ahora la olla exprés ha explotado. Sabemos que nunca nos vamos a independizar de España, pero sufrimos mucho.”

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Los eventos en favor de la lengua, boicoteados en Cataluña 

Hablamos Español es una asociación apartidista sin ánimo de lucro, creado personas de diferentes lugares de España para defender los derechos lingüísticos de los hispanohablantes. Una de sus responsables, Gloria Lago, ha mostrado su preocupación por los efectos que podría traer consigo la sentencia del ‘procés’: “Desde los centros de estudiantes muchos chicos y chicas que no participan se sienten coaccionados, discriminados. Sospechamos que las movilizaciones convocadas constituyan un intento de manipular a este colectivo, por lo que sus familias deben estar alerta.”

La acción de esta organización en Cataluña no le resulta tarea sencilla, ya que deben hacer frente a multitud de zancadillas. La última de ellas tuvo lugar el pasado viernes, cuando en el Colegio de Abogados de Barcelona organizaron un acto para debatir la ley que se está fraguando por la cual el español dejaría de ser la lengua común en España, dando oficialidad conjunta al resto: “Es un proyecto que sabemos está detrás el PSC y el PSOE. Seguramente a alguien no le interesó que abordáramos este asunto y trataron de boicotearlo.”

El acto finalmente pudo celebrarse gracias a la presión del público asistente. Y es que el espacio había sido reservado a primeros de septiembre con pago de alquiler incluido: “Trataron de evitar por todos los medios la celebración de este acto en favor de la libertad de la lengua. Amenazamos con denunciar al Colegio de Abogados por incumplimiento de contrato, y acabaron por ceder.”