El 21 de marzo de 2018 eldiario.es publicaba la siguiente exclusiva: "Cristina Cifuentes obtuvo su título de máster -durante el curso 2011/2012 en una universidad pública con notas falsificadas". El rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, respondía que se trataba de un error administrativo porque se transcribieron mal las calificaciones reales. La prueba, un pantallazo del sistema de gestión de alumnos de la URJC en el que aparece un "No presentado" en dos asignaturas.

Políticos de distintos partidos pidieron su dimisión inmediata, mientras ella se defendía diciendo que en 2014 se había matriculado de nuevo y había aprobado las materias que le faltaban. Cinco días después, el 26 de marzo, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, presentó una querella criminal contra la periodista Raquel Ejerique y el director del eldiario.es, Ignacio Escolar, que habían publicado la información, que ella describía como "construida sobre la base de una información falsa, parcial y tendenciosa".

Tras unos días de silencio, que fue muy criticado, Cristina Cifuentes compareció en la Asamblea de Madrid el 4 de abril, en un pleno extraordinario a petición de la oposición, hecho que sucedía por primera vez. Las explicaciones no convencieron a la oposición, que anunció una moción de censura contra la presidenta con Ángel Gabilondo como presidente alternativo, y que contaría con los votos de PSOE y Podemos. Ciudadanos, pedía conocer "la verdad" sobre el caso del máster antes de apoyar la moción. Su partido seguía manteniéndola como candidata a la reelección en las próximas elecciones.

Los días siguientes a su declaración fueron muy complicados para la presidenta. El 5 de abril la profesora Alicia López de los Mozos reconoció que no formó parte del tribunal que evaluó a Cristina Cifuentes y que su firma fue falsificada.

La Fiscalía abre diligencias

Ese mismo día la Fiscalía de Móstoles comenzó una investigación penal por las denuncias presentadas el 22 de marzo por asociaciones de estudiantes por las posibles irregularidades cometidas en la URJC en relación al famoso máster. El 9 de abril Ciudadanos se sumó a la oposición y pidió al PP una candidatura alternativa para dirigir el Gobierno de la Comunidad. El Partido Popular seguía apoyando a la presidenta, pero accedió a poner en marcha una comisión de investigación. Los sondeos empezaron a hacerse eco de la situación y reflejaban una caída estrepitosa del PP en Madrid.

El 13 de abril el rector de URJC decidía suspender de sus funciones al director del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, en el que Cristina Cifuentes cursó el máster. También abre un expediente disciplinario a la funcionaria Amalia Calonge por "graves irregularidades detectadas" en la investigación abierta por la propia universidad.

El 17 de abril Cifuentes renunció al título del máster, por haberse acogido a unas "condiciones flexibles" que le permitieron compatibilizarlo con sus olbigaciones profesionales. Pero insistía en que en ningún momento sacó ventaja.

El vídeo de las cremas y la dimisión

El 25 de abril salió a la luz un vídeo en el que aparecía la presidenta robando unas cremas en un hipermercado cercano a la Asamblea de Madrid. Ese mismo día, Cifuentes dimitió tras la petición de Rajoy de que lo hiciera. En su última comparecencia defendió su inocencia y criticó que "se habían traspasado todas las líneas rojas con mi caso" y denunciaba haber sufrido "un linchamiento por tierra, mar y aire".

Una vez fuera de la presidencia le siguieron llegando malas noticias. El Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid anunció que abría diligencias para investigar las denuncias por un presunto delito de falsedad documental en relación con el máster, admitía la querella presentada por una de las profesoras cuya firma había sido supuestamente falsificada. Dos días después, la ya expresidenta anunció que dejaba la presidencia del PP madrileño en favor de Ángel Garrido, que la sustituiría hasta las elecciones del año siguiente.

La investigación sigue su curso

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Ya con Cifuentes fuera del Gobierno, la investigación siguió su curso. El 3 de mayo, el juez imputaba a dos de las profesoras que firmaron el Trabajo de Fin de Máster. El 11 de mayo la juez citaba a la propia Cristina a declarar como investigada por delitos de falsificación y cohecho. Otros dos profesores y un alumno también fueron imputados.

En diciembre Cristina recurría su procesamiento al entender que no había indicios contra ella y que el procedimiento solo había causado un "deterioro personal, reputacional y profesional". Mientras, la URJC pedía cuatro años de prisión para ella, la misma pena que solicitaba para el director del Instituto de Derecho Público y para las profesoras procesadas. Un año después de saltar el escándalo, Cifuentes acudía a la Asamblea de Madrid para comparecer en la comisión de investigación sobre universidades

Llega la absolución

A principios de este año, en el juicio del caso, la directora del máster reconocía que creó un acta falsa, falsificando la firma de otras dos personas, para certificar que la expresidenta defendió su TFM. Finalmente la Audiencia de Madrid ha resuleto que no se ha probado que Cristina Cifuentes "impulsara, sugiriera o presionara" para falsificar el acta de su TFM, aunque destaca "incongruencias" en su actuación como alumna, "incompatibles" con una estudiante normal.