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Casado: Sánchez rechaza un plan B al estado de alarma porque lo pide el PP

El líder del PP denuncia que el presidente está "poniendo en riesgo vidas y está dejando abandonadas a las comunidades autónomas"

El líder del PP, Pablo Casado, durante un acto organizado por el Partido Popular

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 14:52

El líder del PP, Pablo Casado, asegura que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se niega a aprobar un marco jurídico alternativo ante el fin del estado de alarma porque lo pide el PP, un "disparate" a juicio del jefe de la oposición, que pide seriedad y responsabilidad.

Casado ha visitado el Parque Científico de Madrid, donde ha reclamado una normativa de pandemias porque "no tiene sentido" que "ante cualquier repunte en una comunidad autónoma" el Pleno del Congreso deba aprobar el estado de alarma "para una limitación de movilidad que puede ser puntual, en un barrio o en un municipio".

El líder del PP rechaza así que la salida al estado de alarma que finaliza el próximo 9 de mayo sea un estado de alarma a la carta para cada autonomía.

Considera el presidente de los 'populares' que a Sánchez no le "apetece" aprobar un marco jurídico alternativo como reclama el Consejo de Estado porque lo pide el PP. "Pone en riesgo vidas y está dejando abandonadas a las comunidades autónomas", ha denunciado.

Y ha defendido la necesidad de una normativa específica porque la pandemia nos va a acompañar "mucho tiempo", en alusión a los laboratorios que prevén la necesidad de una tercera dosis de la vacuna o pronostican que la vacunación deberá ser anual, como la de la gripe.

"¿Va a volver a aprobar un estado de alarma si la vacunación de otoño de 2022 va mal en La Rioja? ¿Nos vamos corriendo al Congreso de los Diputados si hay que confinar un barrio de Logroño?", se ha preguntado Casado.

El líder del PP sólo ve razones políticas en la negativa de Sánchez y cree que "la gente no lo entiende" y Sánchezes "un mago de verbena de pueblo al que se le ven todos los trucos".

Y ha vuelto a ofrecer los votos del PP para aprobar el plan B jurídico -una reforma de la Ley de Salud Pública de 1986 que podría estar aprobada en quince días- y también para aprobar un plan de choque económico ante las malas cifras del paro o para pactar que el 2 % del Producto Interior Bruto (PIB) se destinen a investigación e innovación.

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