El Gobierno de Cantabria, al que pertenece Gesvican, la empresa promotora del conjunto residencial y el aparcamiento de Nueva Montaña (Santander) donde ha habido un derrumbe, ha encargado una valoración independiente que ayude a esclarecer lo ocurrido.

Además, el Ejecutivo ha explicado en una nota de prensa que ya se ha puesto en contacto con la UTE adjudicataria del proyecto de esta promoción (Dragados-Ascan) y que, si tras las indagaciones pertinentes se demostrara que el hundimiento es consecuencia de un fallo en el proyecto inicial o en su ejecución, la Administración podría exigir responsabilidades.

El Gobierno regional ha asegurado que "garantiza una solución" al hundimiento que se ha producido en el garaje de unos bloques de viviendas que promovió Gesvican entre los años 2004-2006.

El presidente regional, Miguel Ángel Revilla; el vicepresidente, Pablo Zuloaga, y los consejeros de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, y de Presidencia e Interior, Paula Fernández, responsable del área de Protección Civil, se han acercado a primera hora de la mañana hasta el lugar de los hechos para comprobar el alcance del suceso.

El Gobierno destaca que, tras las primeras investigaciones, parece que el hundimiento no ha provocado daños personales, y ha tranquilizado a los vecinos, que no tendrán que abandonar sus viviendas porque, según los técnicos, y a falta de confirmación oficial, "la cimentación no presenta alteraciones y no hay riesgo de derrumbe".

"Nos ponemos manos a la obra para atender a todo el mundo, no nos vamos a esconder y lo primero va a ser dar una solución a este problema desde el Gobierno", ha señalado José Luis Gochicoa.

A falta de la confirmación técnica, el consejero ha apuntado como posible causa del hundimiento a una "sobrecarga" en la placa del forjado debido al peso de la tierra humedecida.

Ha añadido que "en teoría" esas circunstancias tendrían que estar calculadas y es lo que se va a comprobar.

El Gobierno de Cantabria, que trabaja en coordinación con el Ayuntamiento de Santander, ya se ha puesto en contacto con una empresa para proceder a la extracción de los materiales y también con los adjudicatarios del proyecto, la UTE Dragados-Ascan.

Gochicoa ha incidido en que, antes de iniciar la investigación, la prioridad en estos momentos es asegurar la zona y confirmar que no se han producido daños personales.

Sobre la reparación de daños, ha explicado que ésta corresponde al promotor, en este caso la empresa Gesvican, pero que, si se demuestra que el colapso se ha producido como consecuencia de un fallo en el proyecto inicial o en la ejecución, la Administración puede exigir las responsabilidades oportunas.

Finalmente, el titular de Obras Públicas ha confirmado que ninguno de los diferentes peritajes realizados para solucionar el problema de filtraciones existente en los garajes, que motivó una reclamación judicial de los vecinos y cuyas obras estaban a punto de adjudicarse, alertaba de la existencia de un riesgo estructural.

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Según los primeros cálculos, la zona afectada por el hundimiento tiene una extensión cercana a los 1.800 metros cuadrados y el número de plazas de aparcamiento que han resultado dañadas, a falta de concretar los vehículos estacionados en el momento del derrumbe, ronda el centenar.