El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha presentado este lunes ante el Tribunal Constitucional el recurso contra el decreto de medidas para el ahorro energético aprobado por el Ejecutivo central, por considerar que invade sus competencias.

El llamado "Plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización" que incluye el real decreto prevé, entre otras medidas, el ajuste de los termostatos en edificios administrativos, espacios comerciales y culturales, estaciones de tren y autobuses y aeropuertos, además de limitar la iluminación de los comercios hasta las 22:00 horas.

En el recurso, el Ejecutivo madrileño expone cinco motivos para la impugnación de este decreto que, en su artículo 29, expone el plan de choque, en el que se centra el gobierno de Díaz Ayuso.

La Comunidad de Madrid denuncia, en primer lugar, la "abusiva e indebida" utilización del Real Decreto-Ley por parte del Gobierno, ya que el preámbulo no "motiva de forma suficiente la extraordinaria y urgente necesidad" de las medidas adoptadas.

También señala que la limitación de temperaturas se extralimita "de las bases estatales", ya que el Gobierno autonómico ostenta la "competencia exclusiva en materia de ordenación y planificación de la actividad económica regional".

En cuanto a la implantación del sistema de cierre de puertas amparada en la competencia estatal en materia energética, asegura que "entra en colisión directa" con la competencia autonómica en materia de sanidad e higiene, y añade que la protección a la salud ha sido antepuesta por el Tribunal Constitucional "a cualquier otro derecho a libertad".

El apagado de alumbrado de escaparates y edificios públicos es otro de los motivos del Ejecutivo de Ayuso para recurrir el decreto, ya que a su juicio también invade sus competencias en materia de comercio interior, promoción turística y vigilancia y protección de edificios.

Argumenta que la obligación de apagar los escaparates se extiende "indiscriminadamente", lo que supone un "perjuicio evidente" para los establecimientos que hayan decidido mantener su actividad más allá de las 22:00 horas, lo que está permitido según la normativa madrileña.

La Comunidad de Madrid indica una "extralimitación de las bases estatales" en el adelanto puntual de las inspecciones de eficiencia energética, ya que aunque la obligación de realizar inspecciones periódicas de las instalaciones térmicas tenga carácter básico, la periodicidad no participa en dicha naturaleza.

Así, afirma que el adelanto de las inspecciones de eficiencia energética invade la competencia autonómica sobre la materia y contraviene el régimen establecido en el artículo 31 del reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE).