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El Ayuntamiento de Madrid retira la acusación por la venta irregular de VPO y el fiscal denuncia "juicio político"

Europa Press

Tiempo de lectura: 3'Actualizado 13:16

El fiscal Salvador Ortolá carga contra las acusaciones y critica el tinte "melodramático" del juicio por la alusión de suicidios

El Ayuntamiento de Madrid ha retirado la acusación en el juicio contra los responsables de la presunta venta irregular de 1.860 viviendas protegidas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) al fondo de inversión Blackstone al considerar que no existe responsabilidad penal sobre las dos únicas personas que se sientan en el banquillo de los acusados.

El juicio contra el exconsejero delegado de la EMVS Fermín Oslé y el apoderado de Fidere Alfonso Benavides ha entrado este lunes en su recta final con la exposición de los informes finales. Está previsto que la vista oral quede este lunes vista para sentencia con la última palabra de los encausados.

En su turno, el fiscal Salvador Ortolá ha solicitado la absolución de Oslé y Benavides al considerar que no concurren ninguno de los elementos del tipo de los delitos de los que se les acusa.

Salvador Ortolá ha criticado duramente que la prueba del juicio se haya enfocado en un "tinte melodramático" en lo relativo a la afectación social a los perjudicados por hacerse alusión por ejemplo a "suicidios", tal y como mencionó en su declaración la portavoz de las víctimas, Arantxa Mejías.

Además, ha cargado contra las acusaciones que ejercen los afectados y el PSOE por judicializar un caso político y por someter a los acusados a "una pena de banquillo" por su "machaconería" con la causa, que llegó a ser archivada pero reabierta por orden de la Audiencia Provincial de Madrid.

"Aquí no se está juzgando ni al Ayuntamiento ni a la alcaldesa. No es un juicio político. Hay que dejar fuera las proclamas y soflamas políticas. Se está hablando del sexo de los ángeles y de espiritualidad. Estamos perdiendo el tiempo", ha reprochado el representante del Ministerio Fiscal, quien ha hecho una defensa férrea del exCEO de la EMVS al querer solo "salvar una empresa".

La acusación que ejerce la Asociación de Afectados por la Venta de la EMVS, a través del letrado Mariano Benítez de Lugo, ha mantenido su solicitud de penas de hasta ocho años de cárcel por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude. También pide que se les condene por el artículo 289 del Código Penal.

En su exposición, el abogado ha aseverado que la adjudicación de la venta al fondo Blakcstone estaba "cocinada" desde el principio, meses antes del concurso de acreedores.

Considera que hubo "un claro menoscabo" de intereses a terceros y que el fin social de la EMVS quedó cerciorado. Así, ha parafraseado a Kant en sus 'Lecciones de Ética' al afirmar que "no hay nada más aberrante que inventarse una norma para esquivar la verdadera". "Hubo una violación fragante de la ley con artimañas pseudofalaces", ha espetado.

UNA RETIRADA QUE NO SORPRENDE

El letrado de la EMVS, que representa al Ayuntamiento de Madrid, retiró el pasado viernes la acusación que ejercía contra los encausados al considerar que el juicio ha acreditado que no existe responsabilidad penal, en la misma línea que mantiene el fiscal del caso.

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Esta retirada no ha sorprendido a las otras acusaciones particulares dado que ya se produjo un cambio de abogado cuando el Ayuntamiento de Madrid pasó a manos del alcalde José Luis Martínez-Almeida.

Según el abogado de la EMVS, las viviendas no se enajenaban, sino que se trataba de un negocio. Además, sostiene que el valor de la tasación que realizó la consultora Price Waterhouse era correcto, ya que la mayoría de las ofertas oscilaban entre una horquilla de 117 y 135 millones de euros.

REBAJA DE PENAS

El grupo municipal socialista, a través de sus letrados, rebajó las penas pero aumentó la petición de indemnizaciones. En concreto, solicita doce años de cárcel para Oslé por fraude, malversación y prevaricación y un año de prisión para Benavides por fraude.

Sostiene esta parte que la venta se produjo sin fijar con carácter previo el valor de los inmuebles a enajenar y que no existió una real concurrencia de los eventuales compradores dada la información privilegiada que tuvieron las compañías.

"Fue el comprador y no la EMVS quien fijó el precio de la compraventa de viviendas", recoge el escrito de acusación del PSOE, que añade que "el precio resultó objetivamente inferior al precio que podría obtenerse incluso al mero valor contable de las viviendas".

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